La Contraloría General de la República evidenció que los regidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo de la gestión 2023-2026, en sesión de consejo extraordinaria, decidieron aprobar de forma ilegal el incremento de sus dietas, sin tener en cuenta que el Decreto Supremo N° 413-2019-EF, que prohíbe el reajuste de las dietas. Este acuerdo afectaría el uso del presupuesto de la Entidad en más de 1 millón de soles.
El Informe de Orientación de Oficio N° 004-2023-OCI/0411-SOO (Periodo de evaluación del 29 al 31 de marzo de 2023), identificó que los 16 regidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en sesión reservada, decidieron incrementarse sus dietas hasta los S/1 989.00 por cada sesión ordinaria, lo que al mes hace un total de S/3 978, es decir, un incremento de S/ 1443.00, alcanzando el 30% de lo que percibe el Alcalde (S/ 13 260).
Antes, los regidores ganaban 1267,50 soles por cada una de las dos sesiones ordinarias, percibiendo al mes un total de S/ 2 535.00.
Con este nuevo incremento, la MPH tendría que pagar un exceso al mes por los dieciséis regidores de más de S/ 23 mil mensuales y al año un monto que superaría S/277 000, lo que afectaría el presupuesto institucional en metas y partidas presupuestales.
El informe señala que si bien la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales son autónomos en los asuntos de su competencia, dicha autonomía no es ilimitada, como lo indica el Tribunal Constitucional en la sentencia de 4 de mayo de 2009, recaída sobre el Expediente N° 00028-2007-PI/TC6; respecto a la autonomía política, económica y administrativa que gozan los gobiernos locales del país.
El informe de Orientación de Oficio, fue remitido al alcalde provincial de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, para que adopte las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos evidenciados como resultado de este documento.
El último viernes, cuatro regidores, dos de oposición y dos oficialistas, enviaron una solicitud al alcalde solicitando someter al pleno la reconsideración del cuestionado acuerdo argumentando que «no cuenta con un marco normativo que habilite y permita su reajuste». Recién se dieron cuenta.
