Mediante el informe N°012-2023, la Contraloría General de la República alertó que 7 funcionarios de confianza del alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, fueron designados pese a no entregar los documentos que acreditan que no tienen impedimentos e inhabilitaciones, tal como lo dispone el Reglamento de la Ley N° 31419.

El pasado 31 de marzo, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) solicitó mediante oficio N°401-2023 el currículo vitae de 7 funcionarios: Gerente Municipal, Gerente de Tránsito y Transporte, Gerente de Obras Públicas, Gerente de Administración, Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicación y Subgerente de Comunicaciones.

Tras la revisión de esta información, se advirtió que los profesionales carecían de documentación (declaración jurada u otro) que acredite de manera documentada que no estaban registrados en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Entre los funcionarios que no adjuntaron los documentos dispuestos en el Reglamento de la Ley N° 31419 se encuentran Hanns Stow de la Vega Olivera (Gerente Municipal), Walter Jaime Landa León (Gerente de Administración) y Milano Fabián Callupe Delgado (Gerente de Tránsito y Transportes), a quienes le falta entregar su documento de REDERECI.

En el caso de José Carlos Cuba Castillo (Subgerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas) le falta REDERECI y REDAM, mientras que a Miguel Ángel Raúl Victorio Verástegui (Gerente de Obras Públicas) le falta los 3 registros (REDERECI, RNSSC y REDAM), al igual que la exsubgerenta de Comunicaciones, Katherine Solano Arenales, quienes hace 2 semanas presentó su renuncia.

Ante este hecho, se advierte que, para la designación de estos funcionarios, la exjefa de Recursos Humanos, Silvia Ticze Huamán, no cumplió con su obligación de requerir las declaraciones juradas que acredite no encontrarse en el REDERECI, RNSSC y REDAM, incumpliendo su labor de verificar los perfiles profesionales.

Por ello, la Contraloría recomendó al titular tomar las acciones correspondientes en un plazo no mayor de 20 días e informar de la implementación de las acciones.