Por increíble que parezca, el hasta hace dos días director regional de Salud, Gustavo Arturo Crecentino Llanovarced Damián, fue declarado hoy ganador en el último concurso público de plazas vacantes de la Dirección Regional de Salud de Junín (Diresa Junín), pese a que el proceso fue dirigido por una Comisión Especial que él mismo designó hace un mes y medio.
El pasado 14 de noviembre de 2023, cuando aún era funcionario, Llanovarced Damián firmó la Resolución Directoral N° 1189, donde reconformaba la Comisión que conduciría el concurso de plazas vacantes internas y externas en la Diresa Junín a realizarse en diciembre.
Gustavo Llanovarced concurso Diresa (1)Como integrantes, el funcionario regional designó a sus hombres de confianza: Saulo Hugo Padilla Sernaque (presidente), Víctor Mariano Cárdenas Cosser (secretario) y Kelly Jackeline Bartolo Cabrera (miembro). Esta última incluso es investigada desde el 20 de julio de 2023 por la Fiscalía Anticorrupción de Huancayo por negociación incompatible por no cumplir el perfil para ocupar el puesto de directora de Administración de la Diresa.
Con este grupo de confianza al mando del concurso, Llanovarced se inscribió el 21 de diciembre, para participar de la evaluación curricular al día siguiente. Luego, tras la entrevista personal, se descubrió que fue declarado ganador de la plaza de médico cirujano Nivel I con 77.88 puntos, el máximo puntaje de todos los postulantes, incluso de otras plazas.
Lo indignante de todo esto es que hace tan solo 15 días, Llanovarced Damián se presentó al concurso público del hospital Daniel Alcides Carrión, donde pretendía ocupar el puesto de médico especialista en radiología intervencionista, pero fue declarado “no apto”, al no cumplir con los requisitos exigidos.
El último 26 de diciembre, Llanovarced renunció a su cargo y solo pudo obtener un puesto laboral en el sector Salud, gracias a una Comisión designada por el mismo, lo que lo involucra en los presuntos delitos de colusión, asociación ilícita para delinquir y negociación incompatible. El Ministerio Público y Contraloría General de la República tienen la palabra.
