El congresista Edgard Reymundo presentó el Proyecto de Ley 14089 con el objetivo de garantizar el financiamiento y la ejecución de la Nueva Carretera Central. No obstante, la propuesta ha generado debate debido a los mecanismos económicos y tributarios que plantea para asegurar los recursos.

La iniciativa autoriza la emisión de bonos soberanos de infraestructura, los cuales estarían destinados exclusivamente a cubrir los costos de esta obra vial. Sin embargo, uno de los puntos más controversiales es la creación del Impuesto a la Renta Extraordinaria Minera (IREM), de carácter nacional y permanente. Este tributo sería adicional al Impuesto a la Renta, a las regalías mineras y a cualquier otro gravamen que ya pagan las empresas del sector que generen rentas extraordinarias por el aprovechamiento de recursos naturales no renovables.

Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, deberá transferir cada año, en el primer trimestre, el 3 % del total del Impuesto General a las Ventas (IGV) recaudado en las regiones de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Huánuco. Estos recursos serían depositados en una cuenta especial del Tesoro Público y tendrían carácter intangible, es decir, solo podrían ser utilizados para financiar de manera prioritaria la Nueva Carretera Central.

Otro aspecto clave es que la norma asegura que la ejecución se realice bajo la modalidad de gobierno a gobierno (G2G), prohibiendo expresamente cualquier esquema de concesión, Asociación Público-Privada (APP), iniciativa privada cofinanciada o autofinanciada que implique la transferencia de la titularidad de la obra al sector privado. Con ello, se busca evitar procesos de privatización o cesión de control sobre esta infraestructura estratégica.

Además, se plantea la creación de un Consejo de Seguimiento y Control, encargado de supervisar la transparencia, el uso de los recursos y el cumplimiento del cronograma de ejecución.

Aunque el congresista sostiene que el proyecto brinda un marco legal sólido para asegurar el financiamiento sin recurrir a concesiones privadas, especialistas advierten que la creación de un nuevo impuesto permanente y la afectación de un porcentaje del IGV regional podrían generar discusión sobre el impacto fiscal y la distribución de recursos en las regiones involucradas.

Revisa el Proyecto de Ley: