Según un reportaje del medio digital Territorio Tomado, la Universidad Privada Franklin Roosevelt de Huancayo, suscribió en el 2024, un contrato con EsSalud por un monto de 4,500 soles, pese a que la normativa de contrataciones del Estado establece que las empresas en las que un congresista posee más del 30% de acciones están impedidas de contratar con entidades públicas debido al riesgo de conflicto de intereses. El parlamentario fujimorista David Jiménez Heredia registra una participación del 39%, según la información consignada en su declaración jurada de intereses.

Sobre este punto, la expresidenta de SERVIR, Janeyri Boyer, sostuvo que “si tienes un 1%, 2% o 5%, eso no representa capacidad de decisión dentro de una empresa. Pero cuando se alcanza un 30%, ya se puede hablar de un nivel de influencia que equivale a poder de decisión”.

Pese a la relevancia del caso, se intentó obtener la versión del congresista; sin embargo, no respondió a las llamadas ni a los mensajes enviados.

El caso evidencia una posible contradicción entre lo que establece la ley y su cumplimiento en la práctica. Como vemos, para algunos congresistas las normas pueden resultar estrictas cuando se aplican a terceros, pero flexibles cuando los involucran directamente. A pocos días de las elecciones generales, congresistas como David Jiménez buscan la reelección, dejando la decisión final en manos de la ciudadanía.