El diputado Héctor Guillén presentó un proyecto de ley para derogar la ley que concede amnistía a militares, policías e integrantes de comités de autodefensa procesados por graves violaciones de los derechos humanos durante la violencia política de 1980 – 2000.
Proyecto de Ley Crimenes de Lesa HumanidadLa iniciativa legislativa presentado por el representante de Huancavelica busca eliminar la Ley 32419, promulgada en agosto del 2025 por la exmandataria Dina Boluarte, pese que en ese entonces fue observado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
El proyecto no se limita a la derogación de la ley, sino propone que delitos como genocidio, tortura, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y grave violación a los derechos humanos no sean beneficiados con amnistías, indultos o conmutaciones de pena.
El diputado por Juntos por el Perú sustenta la iniciativa en el artículo 44 de la Constitución Política que menciona garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Y en la Cuarta Disposición Final y Transitoria, que señala que los derechos y libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Humanos, y tratados y acuerdos internacionales.
Asimismo, se cita los pronunciamientos de sanción e investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Barrios Altos y la Cantuta, que terminó con la condena de un miembro del grupo Colina, en diciembre del 2024, así como la propia jurisprudencia constitucional peruana.
El proyecto de ley, presentado el 02 de setiembre, también menciona para que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) presente al Congreso un informe sobre el estado de reparaciones económicas y colectivas pendientes en el Registro Único de Víctimas.
Es preciso recordar que la promulgación de la Ley 32419 generó un rechazo generalizado por parte de organismo internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En el Perú, el Ministerio Público del Perú y la Defensoría del Pueblo presentaron una demanda inconstitucional contra la referida ley.