A nivel nacional, la Contraloría General identificó a 1607 funcionarios y servidores públicos (únicos) que tendrían presunta responsabilidad penal (644), civil (662) y/o administrativa (1377), según los informes de control posterior emitidos a mayo de 2022.
El mayor número de funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad pertenecen a entidades ubicadas en las regiones de Lima (552), Arequipa (130), La Libertad (129), Lambayeque (135), Cusco (123), Junín (118) y Loreto (116).
En los informes de control posterior se identificaron 2830 responsabilidades (que comprende a 1607 funcionarios únicos), y de ellas, 687 son de carácter civil (como consecuencia de ello, se presentarán demandas contra los funcionarios y/o servidores públicos por el perjuicio económico causado al Estado) y 685 son presuntas responsabilidades penales (donde se presentarán denuncias por presuntos delitos contra la administración pública).
Además, existen 1402 presuntas infracciones administrativas leves, donde la entidad deberá adoptar medidas y 56 posibles infracciones administrativas graves o muy graves donde la Contraloría General abrirá un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a los funcionarios y/o servidores.
Este año, la Contraloría General iniciará y procesará a funcionarios y/o servidores a quienes se ha determinado presunta responsabilidad administrativa PAS al haber recuperado su capacidad sancionadora. Los PAS podrían culminar con la inhabilitación temporal para ejercer la función pública en caso de infracciones graves (no menor de 60 días calendario ni mayor a un año) y muy graves (sanción de uno a cinco años).
En lo que va del año se han iniciado 7764 servicios de control que tienen como finalidad prevenir, detectar y sancionar la inconducta funcional o corrupción en la administración pública. De este total, 6649 (85.6%) servicios de control se han concluido mientras que otros 1115 se encuentran en proceso (14.4%).
