El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín formalizó el 28 de agosto de 2026 una investigación preparatoria contra el candidato a la alcaldía de Huancayo por APP, Julio César de la Rosa Luján, entonces jefe del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH), por presunto cobro indebido. El caso se refiere a modificaciones de declaraciones juradas empleadas para determinar el impuesto predial de 2024.
La disposición sostiene que De la Rosa y el entonces gerente de Operaciones, Juan Braulio Gonzales Franco, habrían ordenado cambios en esas declaraciones juradas durante enero y febrero de 2024. Según la hipótesis fiscal, las modificaciones incorporaron partidas adicionales a la valorización de predios y generaron obligaciones tributarias superiores a las permitidas, con la participación presunta de otros nueve trabajadores del SATH.
El sustento técnico citado por la Fiscalía es la Resolución Ministerial 469-2023-VIVIENDA, que establecía tres partidas para valorar las edificaciones. Un informe del Ministerio de Vivienda señala que el SATH consideró siete y trasladó cuatro partidas suprimidas al rubro de otras instalaciones. Para el despacho fiscal, ese procedimiento habría elevado indebidamente el valor de los predios y el impuesto calculado.
Entre los indicios figura un mensaje de enero de 2024 en el que De la Rosa convocó personal para la determinación masiva del tributo. Una analista declaró que recibió la orden de apoyar la actualización de declaraciones juradas; otra trabajadora atribuyó a la alta dirección el criterio de incluir las cuatro partidas suprimidas como obras complementarias. Ambas declaraciones constan en la disposición fiscal.
El contribuyente Grimaldo Chombo Valladares declaró que su registro de 2024 consignaba S/ 32 767,75 que él no había declarado ni autorizado. Walter Onofre Medina reclamó la rectificación de su declaración al cuestionar el cálculo del SATH, que admitió el pedido. La Fiscalía incorporó además un acta de escucha en la que De la Rosa reconoció su voz en una reunión sobre la recaudación.
La investigación se formalizó por ocho meses contra De la Rosa y Gonzales Franco como presuntos autores y otras nueve personas como presuntos cómplices. La Fiscalía dispuso nuevas declaraciones y solicitó verificar los pagos. Aunque la parte resolutiva señala cobro indebido, el apartado de sustento jurídico transcribe el artículo 384 sobre colusión. La disposición establece comparecencia simple; ninguna responsabilidad está determinada.