La Sala Penal Especial de la Corte Suprema sentenció al expresidente de la Junta de Fiscales de Junín, Marco Antonio Gutiérrez Quintana, a un año de pena privativa de libertad suspendida y el pago de 50 mil soles de reparación civil tras hallarlo responsable del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado.
Durante el juicio, se advirtió que Gutiérrez Quintana aprovechó su cargo de presidente de la Junta de Fiscales de Junín para realizar acciones que configuraron el delito de patrocinio ilegal a favor de Pedro Elmer Morales Gonzáles, investigado por el delito de colusión agravado en agravio de la Municipalidad Provincial de Yauli (MPY).
Además, se precisó que el 22 de marzo del 2018, Gutiérrez, atendió la solicitud del entonces consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados, que le pidió tener una reunión con la fiscal adjunta de La Oroya, María del Pilar Paredes Padilla, comprometiéndola a que concurra al auditorio de la MPY, donde Gutiérrez le dijo: “Tú escucha nada más”.
Otro hecho revelado en el proceso es que el 22 de mayo del 2018, Guido Águila se quejó con Marco Gutiérrez de que la fiscal Paredes no le respondía el teléfono, por lo cual, la llamó por otro móvil y la exhortó a que responda la llamada.
Así también ocurrió el 5 de junio del 2018, donde Guido Águila otra vez se queja de que la fiscal no le contestaba la llamada, por lo cual, Gutiérrez le ordena tener esa conversación, donde recibe el pedido de que se reprograme la declaración de Pedro Morales (amigo de Guido Águila). Esto ocurrió porque la cita se cambió para el 7 de julio.
Ante estos hechos expuestos, la Corte Suprema condenó a Marco Gutiérrez y le impuso, además, reglas de conducta como presentarse a la autoridad judicial el primer día hábil de cada mes; no ausentarse de su lugar de residencia sin autorización; concurrir ante la autoridad judicial las veces que sea citado, entre otras.
No obstante, 21 de noviembre del 2023, a solo dos meses de que fuera condenado, Marco Gutiérrez presentó su renuncia, la que fue aceptada el 5 de diciembre por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
