La Contraloría General de la República alertó en octubre del 2021, que el Gobierno Regional de Junín, ejecuta la obra de mejoramiento y ampliación del puente Noruega, en el distrito de Perené (región Junín), en una ubicación diferente al contemplado en el estudio de preinversión, sin sujetarse a la concepción técnica, con el riesgo que los fondos destinados pierdan utilidad y que la obra que demanda la inversión de más de S/ 70 millones quede inconclusa.
![](https://infoandes.pe/wp-content/uploads/2022/05/Resuelven-contrato-SIMA-766x1024.jpeg)
En el Informe de Orientación de Oficio N° 016-2021-OCI/5341-SCOO (Período de evaluación del 21 al 22 de setiembre de 2021) se añade además que la Directora de Gestión de Inversiones de la Dirección General Multianual de Inversiones del MEF, informó al OCI del GORE Junín, que los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) realiza la construcción del Puente Noruega en una ubicación diferente al estudio de preinversión.
![](http://infoandes.pe/wp-content/uploads/2022/05/Puente-Noruega-Chanchamayo-2-1024x682.jpg)
La comisión de control identificó además que, según el estudio de inversión, dicha obra se edificaría entre las urbanizaciones Santa Ana y Pampa Silva (distrito de Perené); sin embargo, la gestión regional, a través de una resolución Gerencial de Infraestructura emitido el 26 de noviembre del 2020, trasladó la zona de construcción a la Carretera Marginal de la Selva (Av. Salvador Coronado) y el Pasaje Máximo Camarena.
Asimismo, el informe de control, señala que SIMA reformuló el expediente técnico considerando un cambio en la concepción del proyecto, a pesar que la obra en ejecución es diferente a la ruta JU-1337 planteada en el estudio de inversión, advirtiendo que el puente Noruega no forma parte de la red vial nacional, departamental ni vecinal
![](http://infoandes.pe/wp-content/uploads/2022/05/Puente-Noruega-Chanchamayo-1-1024x683.jpg)
El informe elaborado fue comunicado al Gobernador Regional de Junín para que adopte las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de prever hechos que podrían afectar los intereses del Estado.