Empiezan los favorecimientos a cuestionadas constructoras en la gestión regional de Zósimo Cárdenas Muje. Una empresa investigada en el caso “El Club de la Construcción” y que integraba al mismo tiempo dos consorcios que postularon para la ejecución de una carretera en la región Junín, ganó la buena pro a pesar que la Ley de Contrataciones lo prohíbe expresamente. No obstante, el comité especial le adjudicó a este consorcio por más de 108 millones de soles.
Se trata de la empresa Aramayo SAC Contratistas Generales (RUC N° 20102008066), cuyo representante legal desde el año 2000 es Federico Alberto Aramayo Málaga, un empresario investigado por la Fiscalía Anticorrupción desde 2017 dentro del caso “El Club de la Construcción”, una presunta concertación ilícita de constructoras en el Perú -entre nacionales y extranjeras- para repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que habrían aportado dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
En julio último, el Gobierno Regional adjudicó la obra de “Mejoramiento de la carretera departamental JU-100 Junín Sasicucho Ingaya – Ondores – San Pedro de Pari – L.D. Pasco”, a un costo de S/ 109,334,917. En este proceso, el comité de selección estuvo integrada por Rony Paolo Vejarano Pérez, gerente regional de Infraestructura (Presidente), Pabel Camayo Cerrón, subgerente de Obras (Primer miembro), y Pedro Abel Cóndor Canchanya, subdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares (Segundo miembro). Todos ellos designados por el gobernador regional Zósimo Cárdenas Muje.
A este proceso, se presentó la empresa Aramayo SAC Contratistas Generales integrando de forma ilegal los dos consorcios postulantes como ejecutores: “Consorcio JU-100” y “Consorcio Edificador”. Según la Ley de Contrataciones con el Estado, “los integrantes de un consorcio no pueden conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección”.
Con este impedimento, la empresa no podía ser escogida de manera legal y los integrantes del comité de selección no deberían haber admitido al segundo consorcio, pero se le otorgó la buena pro. El 7 de julio último, Marianela Quispe Salas, administradora del GRJ, y Bruno Alcibiades Martín Venturini Taboada, representante del consorcio Edificador, integrada también por la empresa Blue Horizon SAC (RUC N° 20393438941), firmaron el contrato de ejecución por 108 millones 533,134 soles.
Contrato empresa Club de la ConstrucciónDesde el 2017 que la Fiscalía Anticorrupción investiga al propietario de Aramayo SAC Contratistas Generales, esta empresa había dejado de ganar procesos con el Estado, pero este año logró este millonario proceso con el Gobierno Regional de Junín.
CARTA FIANZA INVÁLIDA
Otra observación es que, durante la etapa de clasificación, la empresa presentó una carta de línea de crédito de solvencia económica, emitida por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey Ltda. Negritos”, con registro en Talara, Piura. Esta cooperativa, según la Superintendencia de Banca y Seguros, solamente está facultada para otorgar avales y fianzas válidos para los procesos de Contrataciones con el Estado, más no para emitir cartas de línea de crédito para acreditar solvencia económica. De esta manera, la carta emitida y presentada no es válida para el proceso.
Otro grave hecho es que la empresa Aramayo SAC Contratistas Generales presenta al 10 de mayo de 2023, deudas coactivas con Sunat por más de S/417 mil soles.
En el informe N° 014-2023-OCI, la Contraloría alertó de estas graves irregularidades y vía notificación electrónica N° 33-2023, hizo conocer de los hechos al gobernador regional Zósimo Cárdenas, quien tiene 5 días hábiles para corregir las situaciones adversas.
La investigación de este caso recién inicia.
