El próximo 21 de abril, el juez de la Sala Penal Especial, Clemente Bastidas Héctor, iniciará el juicio oral contra el exjuez destituido, Emiliano Ramos Álvarez, acusado por el uso de un certificado médico falso para justificar la ausencia de su despacho judicial mientras se encontraba de viaje en Colombia en octubre de 2017.
En el proceso participará el Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Superior Penal, Marco Gutiérrez Quintana y 9 testigos más, entre ellos el presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ), Cleto Marcial Quispe Paricahua, desde las 9 de la mañana, a través de la plataforma de Google Meet.
El exjuez también es investigado por falsedad ideológica, ilícito penal previsto en el articulo 428 del Código Penal, con la participación de testigos como los jueces superiores Nick Olivera Guerra y Cristóbal Rodríguez Huamaní y 6 personas más del centro de salud donde Ramos Álvarez habría sido atendido.
FALSIFICACIÓN PARA SU VIAJE
Recordemos que este hecho se remonta al 2017, cuando el exjuez, Emiliano Ramos, habría presentado documentación falsa para justificar su ausencia en su despacho judicial mientras se encontraba en Colombia. Según la entonces jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mariem de la Rosa Bedriñana, Ramos Álvarez no fue a laborar cinco días consecutivos y, para justificar esta ausencia, presentó un certificado médico falso, aduciendo afectación en su salud, cuando en realidad se encontraba de viaje en Colombia.
Además, al verificar el cuaderno de control de asistencias de los jueces especializados del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), se observa que firmó su asistencia, pretendiendo hacer ver que sí estuvo en labores, percibiendo indebidamente el pago de sus honorarios.
DESTITUCIÓN DE RAMOS
Ante los hechos, Mariem de la Rosa propuso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituir a Emiliano Arturo Ramos Álvarez del cargo de Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín. El 30 de junio del 2022, el vicepresidente de la JNJ, Antonio de la Haza, inició procedimiento disciplinario N°029-2021-JNJ, en el que expuso que Emiliano Ramos intentó engañar al Poder Judicial al presentar un certificado médico falso.
“Habría percibido indebidamente el pago de remuneraciones, gastos operativos y bonos jurisdiccionales por los días que no habría laborado. Con dicha conducta habría incumplido los deberes de cargo establecidos en los numerales 5, 8 y 17 del artículo 34° de la Ley de Carrera Judicial”, argumentó el vicepresidente de la JNJ.
Tras ello, el pleno de la JNJ determinó que Ramos Álvarez incurrió en falta muy grave, prevista en el artículo 48°, inciso 13, de la Ley de la Carrera Judicial (Ley 29277), por lo que resolvió por unanimidad destituir al magistrado. El citado numeral establece que no motivar las resoluciones judiciales o inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales constituye una falta muy grave.
SANCIONES E INVESTIGACIONES
A lo largo de su carrera, el exjuez Emiliano Ramos registra una suspensión en el 2014, por un periodo de 6 meses, por parte de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), tras haber admitido un hábeas corpus solicitado por Ángel Unchupaico y anular su sentencia de tres años de prisión suspendida e inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos.
En ese entonces, Emiliano Ramos anuló la sentencia que la primera Sala Penal le había impuesto a Unchupaico por supuestamente cobrar el beneficio de escolaridad de manera irregular mientras ejercía la alcaldía de El Tambo, sin embargo, para Ramos Álvarez, se había vulnerado el principio del debido proceso y el principio de imparcialidad de los magistrados.
Además, el pasado 18 de setiembre del 2021, el exjuez de la Corte Superior de Justicia de Junín, Emiliano Ramos, junto el capitán PNP Yuri Vargas Medina y el abogado Luis García Robles, fueron detenidos en un operativo policial sindicados como parte de la presunta organización criminal «Los Terribles de la Impunidad», que operarían al interior de los órganos de administración de justicia para favorecer a unos policías implicados en el presunto delito de robo agravado, y extorsión.
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