Un amplio informe de control elaborado por la Contraloría General de la República, halló responsabilidad penal en el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas y 15 funcionarios y servidores públicos, por el pago de adelantos directos por casi 67 millones y el incremento de más de 6 millones y medio de soles en el costo de ejecución del Puente Comuneros II, en virtud a un convenio específico y 4 adendas suscritas con los Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú).
El documento precisa que tanto el convenio específico como las adendas suscritas con SIMA Perú para la ejecución del puente, permitieron el pago de dos adelantos directos por 39 millones 459 mil 197,07 soles (30% del valor de la obra) y 30 millones 509 mil 039,74 adicionales (50% del valor de la obra) sin contar con sustento legal ni técnico, incrementando además el costo del proyecto en 6 millones 469 mil 589,59 soles.
RECUENTO DE LOS HECHOS
A inicios del 2019, por acuerdo del Consejo Regional, el Gobierno Regional de Junín (GRJ) y SIMA Perú suscribieron un convenio marco para la ejecución de varios puentes en la región Junín. Según la Contraloría, esto permitía eludir la Ley de Contrataciones del Estado y contratar directamente con SIMA Perú, impidiendo que el GRJ convoque a un proceso de selección competitivo para elegir a postores con mejores precios y calidad en este tipo de obra.
Así, el 26 de abril de 2019, ambas entidades firmaron un convenio específico para la ejecución del puente Comuneros II, que une a Huancayo y Chupaca por la avenida Daniel Alcides Carrión y Max Hongler, respectivamente, por el monto total de 148 millones 850 mil 368,94 soles, bajo el argumento de que esto significaría un “ahorro para el Gobierno Regional” al ser SIMA Perú una entidad “sin fines de lucro”.
Sin embargo, en el convenio específico, aprobado por la mayoría del Consejo Regional de Junín, se incluye que SIMA Perú podía “(…) evaluar y reformular de ser el caso, el estudio definitivo y la ejecución de la obra”, en mérito al cual, los funcionarios y servidores permitieron el cambio de la construcción de un puente tipo arco por uno de tipo atirantado, sin que exista sustento técnico legal.
Además, SIMA Perú no era competente para realizar dicha reformulación, así que contrató a la empresa española CESMA Ingenieros S.L. Sucursal del Perú, para la elaboración de un estudio complementario de ingeniería de detalle, modificando el expediente técnico y aprobando con Resolución Gerencial Regional del 27 de julio de 2020, un aumento del costo de las vías de acceso y obras de mitigación de impacto ambiental por S/ 3 606 416,91 y gastos generales por S/ 2 863 172,68 soles, haciendo un total de 6 millones 469 mil 589,59 soles.
Posteriormente, se suscribieron 4 adendas al convenio específico, a través de las cuales se otorgó a SIMA Perú un primer adelanto directo del 30% del presupuesto, equivalente a S/ 39 459 197,07, que luego se amplió a S/ 2 524 745,02 por la modificación del presupuesto inicial, y un segundo adelanto de S/ 27 984 294,72 equivalente al 20% adicional, lo que permitió que los funcionarios pongan a disposición de SIMA Perú un total de S/ 69 968 236,81.
Según el informe de la Contraloría, estos servidores públicos habrían desnaturalizado el convenio específico, contraviniendo el convenio marco y la normativa aplicable, y no cautelaron el buen uso ni el destino de los recursos públicos del GRJ, postergando en 351 días el inicio de la ejecución de la obra en perjuicio de la población.
LOS PRESUNTOS RESPONSABLES
En vista de la magnitud de los hechos, el informe halla responsabilidad penal en Vladimir Roy Cerrón Rojas, exgobernador regional de Junín; Fernando Pool Orihuela Rojas, gobernador regional de Junín con licencia; Loly Wider Herrera Lavado, exgerente general regional; Clever Ricardo Untiveros Lazo, actual gerente general regional; Jakelyn Flores Peña, exgerente regional de Infraestructura; Luis Angel Ruiz Oré, exgerente regional de Infraestructura; Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, actual director regional de Administración; y Mercedes Irene Carrión Romero, exdirectora regional de Asesoría Jurídica.
También se identificó responsabilidad en Silvia Carmen Ticze Huamán, exdirectora regional de Asesoría Jurídica; Marcial Castro Cayllahua, exsubgerente de Estudios; Anthony Glen Ávila Escalante, exsubgerente de Estudios; Carlos Alberto Pérez Rafael, exsubgerente de Supervisión y Liquidación de Obras; Emerson Antonio Camposano Huallullo, abogado en contrataciones con el Estado en la DRAJ; Fiorella de los Milagros Marroquín Gutiérrez, exdirectora (e) de Asesoría Jurídica, Jimy Marlon Morán Granda, exjefe de Evaluación, y el director ejecutivo de SIMA Perú, Federico Javier Bravo de Rueda Delgado.
LA RESPONSABILIDAD DE CERRÓN Y ORIHUELA
En su informe, la Contraloría también detalla las responsabilidades de cada funcionario y servidor público. En el caso de Vladimir Cerrón, gobernador regional entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019, se le atribuye haber modificado el objeto del convenio específico con SIMA Perú sin contar con el sustento técnico ni legal y haber insertado cláusulas referidas a las modificaciones del estudio definitivo.
También se observó que Cerrón permitió la suscripción de la adenda N° 1 del convenio específico lo que permitió al GRJ otorgar el primer adelanto de 30% a SIMA Perú (39 millones 459 mil 197,07 soles) pese a que no se había iniciado la obra. El pago se realizó el 27 de agosto de 2019 mediante los comprobantes de pago N° 7867 y 7868.
En el caso de Fernando Orihuela, gobernador regional desde el 30 de octubre de 2019, se le atribuye haber permitido la firma de las adendas 2, 3 y 4 del convenio específico con SIMA Perú para el segundo adelanto de S/ 27 984 294,72 equivalente al 20% adicional para la ejecución de la obra sin contar con el sustento técnico ni legal.
El informe fue comunicado el pasado 11 de mayo al entonces gobernador regional, Fernando Orihuela, para que tome las medidas del caso, pero también fue derivado a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales contra estos servidores públicos.
Hallan Responsabilidad Penal en Vladimir Cerrón y 15 Funcionarios Por Convenio Con SIMA Perú by Infoandes.pe on Scribd
