El Tercer despacho de la Fiscalía Anticorrupción abrió investigación preliminar por el plazo de 120 días por el presunto delito de retraso injustificado de pago contra el gobernador regional, Zósimo Cárdenas Muje, tras la denuncia presentada por dos proveedores de transporte que aseguran que el Gobierno Regional de Junín (GRJ) les debe más de 360 mil soles por el traslado de policías, funcionarios y simpatizantes del partido “Batalla Perú” al evento del “Bicentenario de la Batalla de Junín”, realizado el pasado 6 de agosto del 2024.
La investigación se encuentra a cargo del fiscal Manuel Eduardo Lucas Blas, quien solicitó que se tome los testimonios de Zósimo Cárdenas, Julio Abanto Llaqué (director de Comercio Exterior y Turismo), Roy Gonzales Mayta (Gerente Regional), la coordinadora del proyecto “Bicentenario de la Batalla de Junín”, Natalie Marcas García, y los proveedores que denunciaron presuntas irregularidades.
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También se ordenó que en un plazo de 72 horas, el GRJ remita la documentación original relacionado al proyecto del “Bicentenario de la Batalla de Junín” al igual que un informe documentado sobre los contratos, órdenes de servicios, de compra y un informe documentado sobre los ganadores de los procesos de licitación de dicha actividad.
Asimismo, se solicitó que se remita el registro de valorizaciones y certificados presupuestales por parte de los proveedores, los documentos de los funcionarios responsables de la administración de fondos y autorizados para los pagos correspondiente de dicho evento y, por último, el expediente de liquidación del proyecto en el marco del “Bicentenario de la Batalla de Junín” que tenía un presupuesto de 70 millones de soles.
La Dirección de Turismo de Junín también tendrá que entregar en un plazo de 72 horas un informe sobre la coordinación y ejecución del componente de promoción turística del proyecto del Bicentenario.
Por su parte la Contraloría General de la República deberá remitir un informe de control actualizado respecto al proyecto y las celebraciones que se llevó a cabo el pasado 6 de agosto del 2024.
POLICÍA TAMBIÉN EN LA MIRA
Tras las declaraciones vertida por los proveedores de transporte, la Fiscalía ha solicitado también identificar a los representantes de la Policía Nacional y al coronel del Ejército del Perú que habrían participado en las reuniones con los proveedores y los funcionarios regionales.
Asimismo, se solicitó que en un plazo de 72 horas la Policía remita un informe documentado sobre el personal que se trasladó a las pampas de Chacamarca.
