La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Junín formalizó y dispuso la continuación de una investigación preparatoria contra el exgobernador regional y actual candidato regional por el partido político, Podemos Perú, Fernando Pool Orihuela Rojas, y otras personas, por su presunta participación en una organización criminal que habría operado alrededor de procesos de contratación de medicamentos e insumos médicos durante el periodo 2019-2022.
Según la tesis fiscal, una presunta estructura habría operado entre 2019 y 2022 para favorecer a determinadas empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos. El exgobernador de Junín es señalado como presunto líder de la organización que habría contado con una distribución de funciones entre funcionarios y servidores públicos que ocupaban cargos vinculados con logística, contrataciones, administración, patrimonio, SISMED y diferentes áreas de las redes de salud, además de particulares y representantes de empresas proveedoras.
PRESUNTO LÍDER
La hipótesis fiscal sostiene que, Orihuela desde su posición como máxima autoridad regional, habría tenido capacidad de influencia sobre funcionarios que posteriormente participaron en procedimientos de contratación de las entidades de salud.
El Ministerio Público busca determinar si existió una coordinación entre el exgobernador, funcionarios y particulares para intervenir en determinados procesos y favorecer a empresas previamente identificadas.
La investigación alcanza a un total de 18 personas, entre funcionarios, servidores públicos, representantes de empresas y particulares. Además de Fernando Orihuela, se encuentra Irma Rivera Ríos, personal nombrado del Hospital Daniel Alcides Carrión y representante legal de Droguería Importadora Americana E.I.R.L.; Jorge Paucarhuaco Manrique, representante legal de Droguería Médica Hospitalaria S.A.C.; Teresa Ríos Montoya de Rivera y Hugo Germán Rivera Ríos, personas vinculadas a actividades comerciales.
También están comprendidos funcionarios y servidores de las redes de salud. Entre ellos aparecen Isabel Adriana Montoya Rivera, asistente de Patrimonio de la Red de Salud de Chupaca; Masur Pelayo Reymundo Herrera, jefe de Logística de la misma red; y Ronald Hinostroza Romero, administrador de la Red de Salud de Chupaca.
De la Red de Salud del Valle del Mantaro figuran Freddy Jimmy Urcuhuaranga Cárdenas, jefe de la Unidad de Logística; Jesús Dany Rodríguez Huamancaja, responsable del Área de Contrataciones; Hernán Nelson Herreras Yauli, jefe de Logística; y Nilthon César Santivañez Ríos, responsable del Área de Contrataciones.
La lista también comprende a Paúl Marlon Mayta Pecho, coordinador de ESANS; Victoria Espinoza Huataco, jefa de SISMED; Niels Percy Rupay Aguilar, responsable de la Dirección de Salud de las Personas; Kelly Cano Guzmán, coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva; Dante A. Valentín Arauco, jefe del Área de Utilización y Preservación; y Enrique Porras Orellana, director ejecutivo de la Red de Salud del Valle del Mantaro.
DOS EMPRESAS INVESTIGADAS
Dentro de la investigación fiscal aparecen principalmente Droguería Importadora Americana E.I.R.L. y Droguería Médica Hospitalaria S.A.C. Respecto de la primera empresa, la Fiscalía analiza la participación de Irma Rivera Ríos, quien aparece como representante legal y, a la vez, como personal nombrado del Hospital Daniel Alcides Carrión. La disposición también incorpora a Teresa Ríos Montoya de Rivera y Hugo Germán Rivera Ríos, cuyos vínculos personales y comerciales son considerados por el Ministerio Público como parte de los elementos que deben ser esclarecidos.
En el caso de Droguería Médica Hospitalaria S.A.C., la representación legal corresponde a Jorge Paucarhuaco Manrique. La Fiscalía analiza diferentes contrataciones y adquisiciones realizadas por entidades del sector salud y la intervención de funcionarios en los respectivos procedimientos.
CONTRATACIONES DE MEDICAMENTOS
Uno de los principales ejes de la investigación corresponde a las adquisiciones efectuadas por la Red de Salud del Valle del Mantaro y la Red de Salud de Chupaca. La Fiscalía revisa expedientes relacionados con medicamentos, productos farmacéuticos e insumos médicos, así como los documentos generados durante las diferentes etapas de los procedimientos de contratación.
El objetivo es determinar si estos procedimientos se desarrollaron conforme a las necesidades y reglas de las entidades públicas o si, como plantea la hipótesis fiscal, determinadas actuaciones habrían estado orientadas a beneficiar a determinados proveedores.
LOGÍSTICA Y CONTRATACIONES, BAJO LA LUPA
La investigación otorga especial importancia a los funcionarios que, por sus cargos, tenían participación en las diferentes etapas de las adquisiciones. Entre ellos se encuentran los responsables de logística y contrataciones de las redes de salud.
La Fiscalía busca determinar si la actuación de estos funcionarios correspondió al ejercicio regular de sus funciones o si, por el contrario, habrían utilizado sus cargos para favorecer intereses particulares. En ese contexto, se analiza la participación de Freddy Jimmy Urcuhuaranga Cárdenas, Jesús Dany Rodríguez Huamancaja, Hernán Nelson Herreras Yauli, Nilthon César Santivañez Ríos, Masur Pelayo Reymundo Herrera, Ronald Hinostroza Romero e Isabel Adriana Montoya Rivera, entre otros investigados.
Uno de los delitos investigados es la colusión agravada, es decir, la Fiscalía busca determinar si funcionarios públicos habrían concertado con particulares interesados en contratar con el Estado para favorecerlos en determinados procedimientos. También se investiga un posible delito de negociación incompatible.