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Comisión de investigación pide intervención de la Fiscalía en obra educativa de La Oroya

Comisión de investigación pide intervención de la Fiscalía en obra educativa de La Oroya

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La Comisión Investigadora que preside el consejero regional por Yauli, Jorge Rojas Gamarra, alertó de presuntas irregularidades en la construcción de la I.E. José Carlos Mariátegui de La Oroya y pidió la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para determinar posible perjuicio al Gobierno Regional de Junín (GRJ) en la clonación del expediente técnico del proyecto.

En su informe final, Jorge Rojas detalló presuntas irregularidades y responsables en el caso, al indicar que la ubicación geográfica del proyecto, que se registra en la localidad de Santa Rosa de Sacco, no coincide con el punto de ejecución que es La Oroya, provincia de Yauli.

Además, puntualizó qué hay problemas de incompatibilidad, pues la zona de ejecución es colindante a vías ferroviarias, lo cual está prohibido por las normas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (artículo 19). En el expediente técnico se señala que no hay presencia de vías ferroviarias, pese a que se encuentran a menos de 10 metros.

En las observaciones del expediente técnico, Jorge Rojas señaló que la obra estuvo a cargo del GRJ por administración directa donde su inversión fue de 325 mil soles y que se contrató los servicios de los arquitectos José Rojas Lazo, Julio César Martínez Bustamante y 10 profesionales especialistas con pagos de 20, 25, 30 y 34 mil soles. “Martínez fue evaluador en el expediente técnico clonado del centro de salud de La Oroya, y le permitieron volver ahora como proyectista”, aseguró Rojas Gamarra.

Asimismo, la comisión investigadora halló presunta responsabilidad en los funcionarios del GRJ, como el gerente regional de Infraestructura, Anthony Ávila Escalante, el subgerente regional de Estudios, Aníbal Quiñónez Reyes, y el subdirector de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Luis Hinostroza Bastidas, por no haber actuado ante las presuntas negligencias en la obra.
Tras el informe, el Consejo Regional aprobó que sea trasladado a la Oficina de Control Interno (OCI) para la ampliación de las investigaciones y, posteriormente, intervenga el Ministerio Público.

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