La celebración del Bicentenario de la Batalla de Junín se vio empañada por un escándalo de presuntos actos de corrupción que involucran a Julio Humberto Abanto Llaque, director regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) del Gobierno Regional de Junín. La ciudadana Claudia Larico Chura, presentó una denuncia formal ante la Comisión Permanente de Turismo y Artesanía del Consejo Regional, acusando al funcionario de malversación de fondos públicos por un monto 50 mil soles destinados a la conmemoración del evento en agosto de 2024.
La ausencia de un plan detallado
Según el documento, la Resolución Directoral Administrativa N° 995-2024-GR-JUNÍN/ORAF autorizó de manera excepcional el uso de S/ 50,000 a nombre de Abanto Llaque para la “Conmemoración por el Bicentenario de la Batalla de Junín”. Sin embargo, la denunciante señala que no se presentó un plan de trabajo específico que justificara de manera detallada el uso de estos recursos.
Esto habría permitido un manejo discrecional de los fondos, abriendo la puerta a las irregularidades detectadas.
Hospedaje Fantasma: Personal con Contrato y Remuneración
Uno de los puntos más cuestionados es el gasto en hospedaje por un monto no especificado, destinado a nueve personas que, según la denuncia, ya contaban con contratos de locación de servicios con la DIRCETUR.
Entre ellas se encuentran Natalie Marcas García (Coordinadora del Proyecto Bicentenario, con un sueldo de S/ 6,000 mensuales), Katiuska Mata, Catty Contreras Rodríguez y Diana Victoria Hinostroza Luis. Larico Chura argumenta que estos contratos son “a todo costo”, es decir, ya contemplan todos los gastos necesarios para el desempeño de sus funciones, incluyendo viáticos y alojamiento si fuera necesario.
Por lo tanto, el gasto adicional en hospedaje carece de justificación y evidencia una posible duplicidad de beneficios.
El banquete de pachamanca y compras a proveedores cuestionables
La denuncia también pone en tela de juicio la contratación de proveedores para el suministro de alimentos y bebidas durante la conmemoración. Se detectó que el proveedor César Colqui Tacuri – “Bodega Señor de Ataco” emitió dos boletas (Nº 001-113 y Nº 001-116) por consumo de pachamanca en la misma fecha, lo que configuraría un fraccionamiento de comprobantes, una práctica prohibida por la SUNAT.
Además, el mismo proveedor emitió tres boletas adicionales (Nº 001-114, Nº 001-115 y Nº 001-118), también del 06/08/2024, por la compra de agua mineral.
Para colmo, otro proveedor emitió la boleta electrónica Nº B001-4491 el 25/10/2024 por 100 paquetes de agua mineral, señalando que fueron entregados el 06/08/2024, una operación que resulta extemporánea y confirmaría un fraccionamiento irregular.
Pero el plato fuerte de la denuncia es la contratación de un servicio de almuerzo para 1,185 personas por un valor de S/ 37,920.00 con un proveedor sin experiencia previa en la prestación de este tipo de servicios. La factura electrónica Nº E001-1, que justifica el gasto, fue emitida recién el 12 de diciembre de 2024, ¡cinco meses después de ejecutada la actividad!
Listas fantasma
La cereza del pastel son las listas de asistentes presentadas para justificar el gasto del almuerzo. La denuncia revela que se utilizaron listas de beneficiarios de otros eventos realizados en meses anteriores, como el “Evento de Fortalecimiento de Capacidades Turísticas” (24/04/2024), el “II Encuentro Académico Interdisciplinario” (30/05/2024), la “Firma de Convenio con Operadores Turísticos” (09/05/2024) y el “Lanzamiento de la Bienal” (27/05/2024).
Para mayor escarnio, al verificar los datos de los asistentes en RENIEC y otros registros, se constató que muchos de los DNI no coinciden con las personas consignadas en las listas, lo que evidencia una presunta manipulación de la información. En algunos casos, los DNI pertenecen a personas totalmente ajenas al evento.
Ante estos hechos, Claudia Larico Chura ha solicitado a la Comisión Permanente de Turismo y Artesanía del Consejo Regional que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario contra Julio Abanto Llaque y los funcionarios responsables, que se remitan copias certificadas de los actuados al Ministerio Público para que se evalúe la configuración de delitos contra la administración pública, y que se ordene a la Oficina Regional de Control Interno, en coordinación con la Contraloría General de la República, la ejecución de una acción de control especial sobre el manejo de los fondos cuestionados.
