La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo inició una investigación preliminar contra el arquitecto Leonardo Ronald Casas Montiveros, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) por el presunto delito de coacción y abuso de autoridad en agravio de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA).

La denuncia presentando por la UPLA acusa a Casas Montiveros de ejercer presión e intimidación contra la institución en el marco de una controversia legal por la habilitación urbana de un predio perteneciente a la universidad. El conflicto se centra en un lote de terreno entre el Polideportivo Huancayo y la Urbanización Corona del Fraile, cuya habilitación urbana es objeto de un proceso judicial en curso ante el Cuarto Juzgado Civil de Huancayo.
En la denuncia, la UPLA señala que, a pesar de que el caso se encuentra en proceso judicial, Casas Montiveros y sus fiscalizadores han continuado presionando a la universidad para que abra el área en disputa. El 12 de marzo de 2025, un grupo de fiscalizadores, liderados por Casas Montiveros, se presentaron en las instalaciones de la universidad con la supuesta intención de realizar una inspección.

Sin embargo, la UPLA considera que la presencia del funcionario solo tenía como objetivo intimidar al rector, Dr. Fredi Gutiérrez Martínez, quien se vio obligado a recibirlos en su oficina y que, en los 28 minutos de visita, Casas Montiveros habría exigido a la universidad que aperture el área en conflicto o, de lo contrario, se procedería con el cierre del campus universitario.
GERENTE EN LA MIRA DE LA FÍSCALÍA
Frente a ello, la fiscal Karen Rosas Ponce ha dispuesto un plazo de 60 días para la investigación preliminar, durante el cual se tomará la declaración del rector de la UPLA, Dr. Fredi Gutiérrez Martínez, y del fiscalizador Santos Cahuin Valladolid, como también de Casas Montiveros que se encuentra en calidad de investigado.

Asimismo, se ha ordenado la recopilación de documentos relacionados al proceso judicial en curso, a los antecedentes penales del investigado, y a las denuncias previas presentadas en su contra.