El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la jueza y los fiscales que participaron en el allanamiento de viviendas en Huancayo que buscaba la captura del prófugo Vladimir Cerrón, el pasado 18 de octubre, a raíz de una denuncia interpuesta por el congresista Waldemar Cerrón.
Resolución de inicio de diligencias contra jueces y fiscales que allanaron viviendas para capturar al prófugo Vladimir CerrónLa acusación por el presunto delito de prevaricato alcanza a la jueza July Eliane Baldeón Quispe del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín y a los fiscales Carlos Rodrigo Mera Palomino (titular) y Katia Angélica Hurtado Ames (adjunta) de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín.
Según los hechos imputados, la magistrada July Baldeón no habría considerado el artículo 216 de la reciente Ley 32130, promulgada el pasado 10 de octubre, referente a la participación de un defensor público en cada domicilio intervenido, y solo habría recomendado de manera general al Ministerio Público adoptar medidas necesarias durante la diligencia, lo que afectaría el derecho de las personas intervenidas.
Asimismo, el allanamiento a la vivienda donde se encontraba Bertha Rojas López, madre del prófugo Vladimir Cerrón, se habría iniciado sin la presencia de su abogado defensor, éste llegaría 26 minutos después, tiempo en que el inmueble habría sido registrado sin su autorización y la intervenida habría sido apuntada con una arma, según señala la acusación contra la fiscal Katia Hurtado.
Y una tercera imputación menciona que los magistrados Mera Palomino y Baldeón Quispe habrían invocado hechos falsos, es decir que los informes de la Dirección de Inteligencia (Dirin) y la Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin) no cumplirían con elementos bien fundamentados. La observación de luces encendidas y supuestas rutinas en redes sociales no serían indicios suficientes para intervenir un domicilio.
Por ello, la Primera Fiscalía Superior Penal de Junín ha dispuesto un plazo de 60 días para la investigación que comprende recoger la declaración testimonial de Waldemar Cerrón, programada para el 26 de diciembre y las declaraciones indagatorias de los fiscales Carlos Mera, Katia Hurtado y la jueza July Baldeón, de los tres para el 27 de diciembre.
De igual forma, la Fiscalía solicitará las copias certificadas del expediente vinculado a la solicitud y el requerimiento fiscal de la medida restrictiva de derechos – descerraje, allanamiento, registro domiciliario y/o inmovilización para la búsqueda del condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.
