Los integrantes del Comité de Selección del Gobierno Regional de Huancavelica que adjudicaron la buena pro al consorcio TOM y al consorcio Santa Fe -ambos conformados por las mismas empresas- para la construcción de la millonaria obra del hospital de Lircay son investigados por el presunto delito de negociación incompatible por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El 5 de marzo último, la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra los cinco integrantes del Comité que participaron en los dos últimos procesos de licitación, liderado por Julio César Sánchez Morán, además de Cancio Riveros de la Cruz y Adolfo Enrique Almonacid Ordóñez (integrantes del Comité que otorgó la buena pro al consorcio TOM), y Pavel Aldo Yupari Anyaipoma y Joel Rubén Raymundo Montes (integrantes del Comité que otorgó la buena pro al consorcio Santa Fe).
Para la Fiscalía, estos dos últimos procesos de licitación para la ejecución del tan esperado hospital de Lircay estaría plagado de una serie de irregularidades para supuestamente favorecer a las empresas GEXA GROUP SAC Y CMO GROUP SAC, casualmente, ambas con una misma representante legal (Claudia Ruíz Espinoza) e integrantes del consorcio Santa Fe (ganadora de la buena pro en abril del 2025 y declarado desierto por no presentar la carta fianza) y del consorcio TOM (ganadora de la buena pro el 20 de enero del 2026) que iniciará la obra en los próximos días, según promociona la gestión de Leoncio Huayllani por sus redes sociales.
Consorcio TOM:
Según la tesis fiscal, el Comité habría validado la propuesta técnica del consorcio TOM pese a que no cumplía con los requisitos exigidos en las bases integradas, dejando así pasar a la etapa de evaluación económica y dar como ganador del proceso con S/224 millones 940,297.38.
Entre las irregularidades encontradas para acreditar la experiencia del consorcio TOM se menciona que habría presentado contratos y actas de recepción de tres obras de hospitales (Daniel Alcides Carrión en la región Pasco, Santa Gema de Yurimaguas en Loreto y de San Ignacio en Cajamarca) con las firmas incompletas del Comité de Recepción de Obras, requisito indispensable para su validez.
Asimismo, las actas de recepción de obra con hojas incompletas, justo el apartado de observaciones formuladas al contratista, sin conocer si estas fueron subsanadas oportunamente. Sin embargo, el Comité de Selección acreditó la experiencia del Consorcio TOM cuando su oferta debió ser descalificada.
En cuanto a la presentación de la oferta económica, el Consorcio no habría consignado el desagregado completo del presupuesto, omitiendo el detalle de partidas, costos directos, costos generales, utilidades y otros componentes exigidos por las bases del proceso y los formatos oficiales.
La disposición fiscal, también señala que el certificado del Sistema de Gestión Antisoborno presentado por el Consorcio no estaría vigente, mientras que, el certificado de Gestión de Calidad no existe, según la consulta a los portales oficiales del organismo emisor.
Consorcio Santa Fe
Para la Fiscalía, el Comité de Selección que otorgó la buena pro al Consorcio Santa Fe habría cambiado las reglas del proceso al permitir que el postor utilice el fondo de garantía como alternativa a la carta fianza en el acta de otorgamiento de la buena pro, pese que en las bases integradas y en el pliego de absolución de consultas y observaciones establecieron como obligatoria la presentación de la garantía de fiel cumplimento equivalente al 10% del monto contractual.
Es decir, en el acta de la buena pro se le permite acogerse a la retención del fondo de garantía, luego para la firma de contrato se le exige cumplir con la presentación de la carta fianza, como inicialmente establecían las bases. Estos hechos contradictorios terminaron por declarar desierto la buena pro, además de generar un proceso de arbitraje con el Consorcio Santa Fe en agravio del Gobierno Regional de Huancavelica.
Consorcio Salud Lircay
No solo los procesos licitación para la ejecución del hospital de Lircay están investigados por la Fiscalía, también está el servicio de supervisión de la mencionada obra para presuntamente favorecer al Consorcio Salud Lircay -integrado por las empresas Ingenieros Supervisores Perú SAC, VICP Sociedad Anónima y Tormento SA-, que ganó la buena pro el 30 de abril del 2025, pese a no cumplir con los requisitos exigidos en las bases integradas.
El Comité de Selección habría modificado aspectos importantes en los términos de referencia y las bases administrativas referido a la experiencia del postor y criterios de evaluación en la etapa de absolución de consultas cuando debían limitarse solo a realizar aclaraciones, según sus competencias.
Asimismo, la tesis fiscal señala que consorcio Salud Lircay habría consignado tres proyectos hospitalarios que no corresponderían a la experiencia directa y propia del postor. También se habría asignado un puntaje máximo en la experiencia de especialidad sin acreditar el monto facturado exigido en las bases.
Por estas presuntas irregularidades advertidas, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 082-2025, el Gobierno Regional de Huancavelica declaró la nulidad de este proceso de selección, además de retrotraer hasta la etapa de absolución y observaciones. Por cierto, este proceso para la supervisión de la construcción del hospital de Lircay aún no tiene ganador de la buen pro, hasta el cierre de esta nota.
La formalización de la investigación preparatoria por 120 días, también alcanza a Claudia Ruiz Espinoza, representante legal del consorcio TOM y del consorcio Santa Fe; y a Ismael Meneses Quispe, representante legal del consorcio Salud Lircay. Ambos como presuntos cómplices por el delito de negociación incompatible en agravio del Gobierno Regional de Huancavelica.