La Contraloría General de la República (CGR) alertó que en el proyecto vial que unirá las provincias de Jauja y Tarma, conocido como JU-103, se detectó un perjuicio económico por casi 700 mil soles por consultorías mal elaboradas y además se identificó a 12 funcionarios del Gobierno Regional de Junín (GRJ) con presunta responsabilidad penal y administrativa de los cuales 6 continúan laborando.
Mediante el Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 22433-2022 se detalla que para el inicio de este proyecto vial, 12 funcionarios del GRJ habrían efectuado pagos por servicios de consultoría mal elaborados, aprobado conformidad a trabajos no ejecutados y además, habrían realizado contratos de nueve servicios para elaborar expedientes técnicos que no fueron de utilidad para la obra, causando un perjuicio económico de 673 mil 282 soles.
Perjuicios económicos
El informe detalla que los funcionarios pagaron tres consultorías para subsanar la deficiencia técnica que presentaba el expediente técnico en materia de diseño geométrico de la vía y el estudio topográfico, pero al evaluar los informes, los errores no fueron corregidos, originando un primer perjuicio económico por el monto de 96 mil 930 soles.
La CGR evidenció que el coordinador de obra, el Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura del GRJ aprobaron y dieron conformidad a trabajos no ejecutados como la perforación de rocas, remoción de tierras, generando un segundo perjuicio económico de 341 mil 352 soles.
También corroboró que el subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, efectuó requerimientos para la contratación de nueve servicios orientados a la elaboración de expedientes técnicos de saldo de obra y liquidación de la primera y segunda etapa del proyecto, firmados por el gerente regional, Clever Ricardo Untiveros, los cuales no fueron de utilidad, ocasionando un tercer perjuicio de 235 mil soles.
En entrevista con Infoandes.pe, el consejero David Eslado Vargas, lamentó el poco interés para la obra vial que uniría a las provincias de Jauja y Tarma. “Vamos a pedir los avances o la información sobre qué está haciendo la Procuraduría ante este caso y además pediremos que la Fiscalía Anticorrupción siga el tema”, advirtió.
