Después de casi 6 meses de evitar a la prensa, Hernán Sergio Huamaní Yalli, precandidato por el distrito de Chilca por Alianza Para el Progreso (APP) y también investigado como presuntamente integrante la organización criminal “Los Turbios del Saneamiento”, aseguró que no huyó de la justicia y que en el momento de la vigencia de una orden de captura, se encontraba “trabajando”.
“Yo tengo que trabajar, sino de dónde vivo (…) cuando allanaron mi casa no estaba porque estaba trabajando”, justificó el precandidato. Sin embargo, Infoandes.pe corroboró que Huamani Yalli estuvo prófugo de la justicia porque tenía requisitoria vigente, mientras la Fiscalía solicitaba una detención preliminar de 15 días por el presunto delito de colusión agravada en calidad de cómplice primario.
CASO LOS TURBIOS EN LA MIRA “HERNAN HUAMANI”
Como recordamos, el 21 de noviembre del 2023, la Fiscalía allanó un total de 22 viviendas de la región Huancavelica y en tres domicilios de Junín para detener a la presunta organización criminal”Los Turbios del saneamiento” quienes habrían simulado órdenes de servicio en complicidad con proveedores, y para ello utilizaron sellos a nombre de profesionales que no prestaron los servicios, además de la falsificación de firmas en la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del GRH.
Según la tesis fiscal que amplió la investigación contra el precandidato distrital de Chilca, Hernán Sergio Huamaní Yalli, como presunto integrante (proveedor) que operaría en la Dirección Regional de Vivienda del GRH. El militante de APP fue parte de un mercado ilegal de proveedores y facilitó su currículo vitae para que se le genere la orden de servicio N° 5686 por el servicio de mantenimiento y mejora de planta de tratamiento de agua potable (incluido mano de obra y materiales de la captación de 1, 2, 3 y 4, y cámara de reunión N° 1, 2 y 3) del distrito de Izcuchaca, por el monto de 11 mil 100 soles.
Este hecho ilícito se habría realizado en coordinación con sus presuntos coautores Miguel Ángel Quispe Chauca, director regional de Vivienda, y Hoover Quispe Ramos, quienes tenían el control administrativo de la oficina de saneamiento y con la intervención de Ronal Riveros Carhuapoma y Ciro Víctor Guerra Tovar, quienes a su vez tenían el control económico del procedimiento de contratación de proveedores.
