Dos de los cinco investigados de la presunta banda criminal “La gran familia” por cobro de cupos a los comerciantes informales de Huancayo, forman parte de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil y actividades similares “José Olaya”.
Según la constancia de inscripción del sindicato “José Olaya”, emitido el 22 de abril del 2022 por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Junín, los hermanos Rafael Carlos y Cristhian Raúl Corzo Espinal tienen cargos en la secretaría de Actas y Archivos, y la secretaría de Educación, Cultura y Deporte, respectivamente.
En entrevista con Infoandes.pe, el secretario de Defensa Laboral del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Huancayo, Saúl Castro Soto señaló que en la mesa de diálogo del pasado 15 de mayo pidió al gobernador Zósimo Cárdenas y al gerente regional Roy Gonzales esclarecer o deslindar cualquier vínculo con el sindicato “José Olaya”, puesto que tomarían nombres de funcionarios y hasta del mismo gobernador para obtener obras.
Sin embargo, el compromiso de deslindar el vínculo con las autoridades quedó en nada. “Han puesto primeras piedras en algunas obras y ahí se ve la presencia de este sindicato, eso ya está direccionado como es el caso de la escuelita de Chupaca. No sale ningún comunicado de deslinde, pese que fue uno de los puntos de agenda en la reunión”, lamentó el dirigente sindical.
CASO LA “GRAN FAMILIA”
Respecto al caso de la “Gran Familia”, se encuentran detenidos Rebeca Espinal Veli alias “Tía Rebeca”, su hijo Cristhian Corso y sus nueras Zaira Lázaro Canchanya, Nandy Esteban Ccanto y Ana Lucia Méndez Merino, por 72 horas de manera preliminar, mientras la fiscalía solicita la prisión preventiva. Se encuentra prófugo Rafael Carlos Corso Espinal alias “Chato Rafa”.
Según la tesis fiscal, la “tía Rebeca” cobraba a los comerciantes informales un monto para dejarlos “vender y protegerlos” del desalojo de los policías municipales. De negarse al pago enviaba a sus hijos Rafael y Cristhian para amenazarlos de muerte.
De acuerdo a la policía, los cupos exigidos dependían del producto que vendían, por ejemplo, los vendedores de vegetales podían pagar hasta 10 soles diarios, mientras que los de carne hasta 30 soles. De los ingresos generados de manera ilegal eran usados para abastecer el negocio de frutos secos de la “tía Rebe” y también para brindar el servicio de préstamos con intereses del 20%.
