La Contraloría General de la Republica detectó que la candidata al distrito de El Tambo por Perú Libre, Jakelyn Flores Peña, tuvo responsabilidad administrativa en el perjuicio económico de S/ 9 986 794 por equipos médicos no adquiridos ni recibidos para el hospital de Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo, ejecutado por el Gobierno Regional de Junín (GRJ).
En el marco del Megaoperativo de Control en Junín, en su Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 3504-2022-CG/GRJU-AC, se establece que el supervisor de obra, el coordinador de obra, los subgerentes de Supervisión y Liquidación de Obras, así como el Gerente Regional de Infraestructura, permitieron el pago de 7 valorizaciones por los equipos biomédico, electromecánico, complementario, instrumental, informático, mobiliario clínico y mobiliario administrativo, sin haber realizado la respectiva verificación para su almacenamiento.
Asimismo, los funcionarios no exigieron el cumplimiento de los términos contractuales, así como las obligaciones laborales para garantizar y, por ende, confirmar la compra del equipamiento médico que nunca se dio. El supervisor de la obra dio conformidad a la adquisición de los equipos médicos basado solamente en información de las fichas técnicas entregadas por el contratista, pero sin haber verificado físicamente in situ los equipos.
La comisión de control, además, comprobó que el contratista intentó acreditar el sustento de la compra de los equipos médicos con facturas a favor de un consorcio distinto y no de la empresa que ejecutaba la construcción y el equipamiento del hospital de Pichanaki, según la información proveída por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
EXPEDIENTE FLORES PEÑA
Según informes de control de la Contraloría, elaborados entre el 2021 y 2022, Jakelyn Flores Peña, reporta responsabilidad administrativa y penal en 8 informes de control cuando laboró en el Gobierno Regional de Junín.
Este último informe fue comunicado oportunamente a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales contra los involucrados. Además, recomendó al Gobernador Regional de Junín, el deslinde de las presuntas responsabilidades administrativas identificadas.
