El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, continúa designando a funcionarios con responsabilidad administrativa y penal en informes de la Contraloría General de la República (CGR). Esta vez, se trata del nuevo gerente de Infraestructura, Augusto Paredes Taipe, quien está involucrado en informes de control del puente Comuneros II de Huancayo y el Hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo, obras inconclusas de la gestión de Perú Libre.
En el informe N°017-2022-2-5341 sobre el Puente Comuneros II, que se construye entre la avenida Daniel Alcides Carrión y Max Hongler, la CGR advierte que los funcionarios del GRJ gestionaron sin justificación la adquisición de bienes y servicios por montos menores a 8 UIT, pese a que los informes carecían de sustento, ocasionando un perjuicio de 175 mil 749 soles al GRJ. Aquí, Paredes registra responsabilidad penal.
Otro informe es el N° 007-2021-2-5341 del Hospital Manuel Higa Arakaki, donde la CGR señala que se realizaron contrataciones sin contar con la disponibilidad física del terreno, lo que ocasionó demoras en la ejecución de obra. Además, se habría aprobado el pago de adelanto para materiales cuando no correspondía tras el cambio de ubicación de la obra.
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Augusto Paredes registra responsabilidad penal en dichas obras regionales, y también responsabilidad administrativa en la construcción de la I.E. N ° 1765 del centro poblado Bajo Shanki y la I.E. 31507 Domingo Faustino Sarmiento, que se ejecutaban en la gestión anterior, donde ocupó el cargo de supervisor de obras del GRJ.
En el informe N° 032-2018-2-5341 de la I.E. N° 31507 Domingo Faustino Sarmiento, la CGR indica que los funcionarios aprobaron la ampliación de plazo mediante una conciliación extrajudicial, sin aplicar las penalidades y pagando partidas no ejecutadas que causaron un perjuicio de 264 mil 612 soles.
Finalmente, en el informe 031-2018-2-5341 de la I.E. N° 1765 del centro poblado Bajo Shanki, se habría ampliado de plazo y la demora en la respuesta de solicitud de adicionales, generando la inaplicación de penalidades por 206 mil 194 soles.
En estos casos, la CRG recomendó que Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios denuncie a los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos irregulares.
