Pese a que trabscurrieron dos meses de dictada la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró responsable al Estado Peruano por las consecuencias en la salud de 80 ciudadanos de La Oroya, en Junín, los representantes de las víctimas denunciaron que a la fecha no se implementa las medidas establecidas en la sentencia.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) señaló que el Estado pretende realizar otros proyectos en dicha provincia, pero ninguna con respecto al monitoreo del agua, aire, atención médica gratuita, indemnización o al plan de reubicación de las víctimas.
Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) mostró su rechazo por la inacción del Estado. “Desde marzo y abril se han registrado emisiones altísimas de dióxido de azufre por parte del complejo y ya se ha denunciado ante la OEFA”, puntualizó a su vez Cristian Huaylinos.
Indicaron que el aire contaminado afecta hasta 180 kilómetros alrededor de La Oroya, es decir, llega hasta la ciudad de Huancayo, por lo que ambos coincidieron en señalar que no piden el cierre del complejo metalúrgico, sino, que debe operar bajo los estándares ambientales vigentes.
Yolanda Zurita, una de las víctimas del caso, señaló que, tras la reapertura del complejo, la población experimentó problemas de salud como picazón en la garganta y dolores de cabeza. “Se debe dar el tratamiento al suelo de la tierra de La Oroya porque se sabe que está totalmente contaminado”, puntualizó.
¿QUÉ ORDENÓ LA CORTE IDH EXACTAMENTE?
El pasado 22 de marzo, la CIDH determinó que el Estado deberá reconocer públicamente su responsabilidad en La Oroya, al ser responsable de violar los derechos al medio ambiente, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales, la protección judicial, los derechos de la niñez y el derecho a la vida de los ciudadanos.
La condena incluye la falta de investigación sobre el hostigamiento hacia defensores ambientales y las denuncias presentadas al Ministerio Público. También establece que el Estado incumplió con su deber de regulación y fiscalización de las actividades del complejo al no brindar asistencia médica adecuada a las víctimas, por lo que estableció la implementación del tratamiento médico de manera gratuita e indemnizaciones a las víctimas.
