El Primer Despacho Anticorrupción de Junín, a cargo del fiscal provincial Rodrigo Mera Palomino, logró una sentencia de 4 años de prisión contra el exalcalde de Ulcumayo (2011-2014), Rolando Germán Churampi Chávez por el delito de colusión. Además de una reparación civil de 5 mil soles y al pago de 180 días multa, equivalentes a 1,395 soles.
La tesis fiscal aprobada en juicio es que, el ahora sentenciado Churampi Chávez en su calidad de alcalde, recibió a través del Informe N° 080-2014 del 10 de enero del 2014, la Subgerencia de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano para adquirir un terreno de 9,900 m2 de propiedad de Rosaura Cristina Arredondo Collana, hermana del entonces regidor, Fernando Arredondo Collana para la construcción de la ejecución del proyecto “Construcción del Estadio del Caserío de Tingo Piltay del distrito de Ulcumayo – Junín”.
Luego con fecha 14 de enero del 2014 se suscribe por unanimidad el acta de sesión de consejo municipal N° 080-2014 en la que se aprueba la compra de un terreno ubicado en el caserío de Tingo para el proyecto del estadio comunal por la suma de 10 mil soles. En el acta no se menciona la identidad del propietario ni otro dato mas que el consignado, ni sustento regular de la compra.
Frente a ello, el exalcalde emite la Resolución de Alcaldía N° 022-2014 del 15 de enero del 2014 que autoriza la compra del terreno de 9,900 m2 y el pago de 9 mil soles a favor de la acusada Rosaura Cristina Arredondo Collana para la ejecución de la obra “Construcción del Estadio del Caserío de Tingo Piltay del distrito de Ulcumayo – Junín.
Los acusados Rosaura Cristiana Arredondo Collana (vendedora) y Rolando Germán Churampi Chávez (adquiriente) suscribieron la escritura de transferencia de posesión de un terreno, el 23 de enero del 2014, por la cual la entidad adquiere el inmueble denominado “Manzana” ubicado en el caserío de Tingo – Ulcumayo por la suma de 9 mil soles.
La venta del terreno fue de manera directa y sin el procedimiento regular que se da en la adquisición pública de bienes inmuebles, como el requerimiento del área usuaria, los términos de referencia, especificaciones técnicas, informe legal y técnico, cuadro de resumen de cotizaciones, asignación de presupuesto. Asimismo, según el SIAF esta compra se realizó con tipo de operación “Gasto Encargo”, contraviniendo la normativa establecida.
Antes esas irregularidades es que el Sexto Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo del magistrado Guido Arroyo Ames le dio la razón al fiscal Rodrigo Mera, en primera instancia.
