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Alerta: 16 personas sin vínculo laboral desarrollaban actividades en la sede central del GRJ

Alerta: 16 personas sin vínculo laboral desarrollaban actividades en la sede central del GRJ

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Un total de 16 personas que no tenían contrato laboral ni vínculo contractual con el Gobierno Regional de Junín (GRJ) fueron halladas realizando actividades en las oficinas de esta entidad pública, el último 25 de abril, alertó la Contraloría General de la República después de realizar un servicio de control simultáneo.

Personal de la Contraloría ingresó a diversas oficinas del GRJ encontrando a 8 personas sin vínculo laboral y contractual en la Subgerencia de Supervisión y Liquidación; 3 en la Subgerencia de Estudios, otras 3 en la oficina de Fiscalización y 2 en la Subgerencia de Obras. Asimismo, ingresaron a las oficinas de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, y Coordinación de Tesorería.

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Se trata de Anthony Castellares, Cirilo Pardo, Humberto Tutaya, Mayfira Mamani, Leydy Yauricasa, Virginia Humán, Jazmin Apaza, Jefferson Auqui, Elizabeth Chanco, Wendy Torres, Yan Chuco, Gabriela Palomino, Joe Aliaga, Yanina Najera, Jhonatan de la Paz, algunos de los cuales registran ya contratos anteriores con el Estado; y Wilfredo Calderón Pive, quien ya registra un contrato en 2023 con el GRJ por 11 mil soles.

Según el portal de proveedores del Estado el bachiller en ingeniería civil, Wilfredo Calderón Pive ya contrató con el GRJ en 2023 por 11 mil soles.

Al ser cuestionados por su situación laboral al no contar con ningún documento y/o contrato que certifique su relación con la entidad, las personas involucradas en este informe señalaron que sus contratos u órdenes de servicio se encontraban en trámite, sin embargo, la Contraloría advierte que, para la obtención de un puesto laboral en el sector público es necesario participar de un concurso público.

Ante esta alerta la Contraloría cumplió con informar al gobernador Zósimo Cárdenas Muje para que en un periodo de 10 días tome las acciones correctivas con respecto a este tema, pues según el informe del órgano de control, este hecho representa un riesgo para bienes del Estado, así como la vulneración al interés general y los principios de legalidad y transparencia con los que se debe administrar los fondos públicos.

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