Mediante una solicitud la regidora de Huancayo, Melissa Huayhua Almonacid solicitó a la Contraloría General de la Republica (CGR) realizar auditoria de cumplimiento en la concesión y adendas suscritas entre la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) y la empresa encargada de limpieza pública Diestras SAC, la solicitud fue enviado para el contralor general de la Republica, Nelson Shack Yalta.
En la solicitud, Melissa Huayhua pide que Gerente Regional de Control de Junín a cargo del Gerente Regional de Control, Oscar Gabriel Ayauja Medrano, realizar las acciones de control en el contrato de concesión a favor de la empresa Diestra y las múltiples adendas al contrato que registran desde el 2004. Recordemos que en la última sesión ordinaria su colega, Pedro Huamán, alertó sobre una carta para la concesión por 13 años y 2 meses para el uso de la planta de Tiranapampa, a favor de la empresa que brinda servicio de limpieza a la población.
Huayhua Almonacid cuestiona la prisa que tendría la empresa al querer obtener la aprobación de la concesión de los más de 13 años que solicitó pese que su contrató culmina en el 2024 y que esto amerita un análisis de manera objetiva por parte de los funcionarios para evitar perjuicio económico de la comuna huanca.
“Aun no se ha hecho una auditoria es por eso que pedimos que se realice un análisis más profundo de la documentación de Diestra que se hace muchos años, pero que trae sus consecuencias a la fecha (…), pese que existe antecedentes de incumplimientos por parte de esta empresa”, aseguró Melissa Huayhua.
Aseguró que, con el paso de los 19 años respecto al contrato de la concesión de la empresa Diestra, existiría indicios de hechos delictivos por una aparente colusión entre la gestión actual y la empresa al no cautelar los intereses de la MPH, lo cual ocasionaría un perjuicio económico y ambiental al pretender dar la ampliación de plazo como solicitó la empresa, a la cual la regidora calificó arbitraria e ilegal.
Por lo cual pide que se tome en la brevedad necesaria la auditoria de cumplimiento para determinar si existe perjuicio económico a la fecha y que se dar el caso se determine responsabilidad penal o administrativa a las personas que se vean involucradas
