Los representantes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), denunciaron en el Ministerio Público al director de Administración y Finanzas de Gobierno Regional de Junín (GRJ), Luis Salvatierra Rodríguez, por el presunto delito de demora de actos funcionales, luego que por no entregar a tiempo la documentación, Junín no recibió el presupuesto de la deuda social.
El secretario general del Sutep, Gonzalo Chávez Chahua, interpuso la denuncia penal contra el administrador regional y los que resulten responsables, al sindicarlos como los autores directos de la pérdida de los 30 millones de soles que el Ministerio de Económica y Finanzas (MEF) debería haber designado para el GRJ.
En la denuncia se detalla que este hecho es reincidente, ya que, en el 2019, tampoco se habría pagado la deuda social al Magisterio por otra negligencia, causado un perjuicio a miles de beneficiarios que incluso ya fallecieron, ante la irresponsabilidad del funcionario regional. Pese a ese incidente, se ratificó a Luis Salvatierra en su cargo.
Gonzalo Chávez señaló que con este hecho se atenta contra la vida y salud de más de 11 mil docentes jubilados en Junín. “En el 2019 pasó lo mismo y ahora también, este funcionario no presenta al MEF la lista de los docentes con sentencia judicial y perjudica, eso es atentado, perdemos el dinero que varios de los beneficiarios necesitan”, denunció.
También responsabilizaron de este problema al gobernador regional con licencia, Fernando Orihuela Rojas, ya que hasta el 15 de marzo no habría tomado interés en pagar la deuda social. “Tiene responsabilidad administrativa y moral en la pérdida del pago de la deuda”, advirtió Gonzalo Chávez.
El Comité de Priorización de Deudas Sociales del GRJ a cargo del denunciado Luis Salvatierra tenía la laborar de realizar un listado de beneficiarios y entregarlo al MEF con la firma de los integrantes el pasado 15 de junio, sin embargo, este fue registrado recién un día después causando la pérdida del presupuesto.
En la sesión regional de ayer, Luis Salvatierra, señaló que un Juzgado de La Merced admitió a trámite su medida cautelar contra el MEF y la PCM, y que acudirán a Lima para exigir el pago de este beneficio porque hubo “manipulación” en el sistema informático. Incrédulos sobre este argumento, los consejeros acordaron conformar una comisión de seguimiento del caso, adscrito a la Comisión de Desarrollo Social.
