Ilich López de Acción Popular, Edgar Reymundo de Cambio Democrático y Silvana Robles de Perú Libre votaron a favor de la aprobación del proyecto de Ley N° 2862 que propone la modificación del Código Penal y el Código Civil para incrementar las penas por los delitos de difamación y calumnia, propuesta que fue aceptada por 69 nuevos votos en el pleno del Congreso.
El proyecto propone modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal, con la finalidad incrementar la pena, por la utilización “indebida” de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva que generen perjuicio o afectación a la intimidad personal, honor y reputación de la persona. Contempla también el modificar y realizar una nueva redacción del artículo 1969° del Código Civil, con la finalidad de especificar la indemnización por los motivos en cuestión.
En el caso del delito de calumnia la pena es de 120 a 365 días de multa y una reparación civil, mientras que para el delito de difamación la pena será no menor a 4 años con 90 a 120 días de multa y una reparación civil. En caso que esta sea por medio de un libro, la prensa, redes sociales, sitios web la pena será mínimo de 2 años y no mayor a 5 años con 120 a 365 días de multa y una reparación civil.
El proyecto de ley tiene como autor al congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo Cubas y fue respaldado por 14 votos de su partido, 11 de Acción Popular, 10 de Alianza para el Progreso, 7 del Bloque Magisterial, 6 de Renovación Popular, 4 de Cambio Democrático, 4 de Perú Bicentenario, 4 de Somos Perú, 3 de Podemos Perú, 3 no agrupados, 1 de Avanza País y 1 de Fuerza Popular.
El líder de Perú Libre que fue cuestionado e investigado rigurosamente durante la gestión de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, se mostró a favor de esta aprobación, y escribió: “cierta prensa se siente aludida con el PL que aumenta las penas por difamación y calumnia, pero si hacen su trabajo con la ética y legalidad que exige el periodismo, ¿cuál es el problema? o saben que siempre trabajan sin esos estándares”.
Por su parte, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión mostró su rechazo a la aprobación de este proyecto y señaló que durante los último 5 años alrededor de 150 periodistas han sido acusados por estos delitos. “Este tipo de iniciativas pueden facilitar la impunidad de autoridades y funcionarios, cuyas acciones deben estar abiertas al escrutinio ciudadano”, escribió en un comunicado.
Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad, alertó que esta propuesta trata de amedrentar a la prensa que denuncia irregularidades en torno a acciones cometidas por políticos, entre ellos los congresistas. Agregó que su aprobación va en contra de los criterios establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
