Mediante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra de la presidenta Dina Boluarte Zegarra y seis exministros por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.
Esta denuncia incluye a Pedro Angulo y Alberto Otárola en su condición de expresidentes del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y Jorge Chávez Cresta como exministros de Defensa; César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero en condición de extitulares del Interior.
Indicados como autores de los hechos ocurridos en las protestas entre el 7 de diciembre del 2022 y el 9 de febrero de 2023 en las regiones Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.
Durante la represión militar y policial se registraron 44 personas fallecidas, (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos).
Fiscalía de la Nación confirmó el archivamiento de la investigación por el presunto delito de genocidio, imputado a los investigados mencionados, realizada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
