La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Junín presentó acusación contra el alcalde de San Jerónimo de Tunán, Benito Stany Aguilar Rojas, y el gerente de Obras Públicas, Jorge Luis Mallma Dávila, por los delitos de minería ilegal y responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, para lo cual solicita 11 años de prisión y una reparación civil superior a 600 mil soles.
Según la acusación, Aguilar Rojas y Mallma Dávila autorizaron la extracción ilegal de material de acarreo en el río Mantaro, en el sector Moyuna, entre febrero y abril de 2023. Esta actividad, realizada por la empresa QVC Automation S.A.C., causó un daño significativo al medio ambiente, afectando el suelo, la flora y la fauna acuática. La fiscalía considera que la autorización otorgada por los acusados, sin los permisos y estudios ambientales necesarios, constituye delito de minería ilegal agravado por su condición de funcionarios públicos.
La extracción ilegal se habría llevado a cabo entre febrero y abril de 2023, sin las autorizaciones ni estudios de impacto ambiental necesarios. La Fiscalía sostiene que Aguilar Rojas autorizó la extracción ilegal a través de un convenio con QVC Automation S.A.C., mientras que Mallma Davila habría emitido una autorización temporal para las obras, omitiendo la prohibición de extraer material del río. Se acusa a Quinto Bernardo y a la empresa de ejecutar directamente la extracción.
La acusación detalla el uso de maquinaria pesada, como cargadores frontales, retroexcavadoras y volquetes, así como la significativa alteración del cauce del río y el daño a la flora y fauna acuática. Los informes periciales y las actas de constatación policial, adjuntadas al requerimiento, se presentan como pruebas de la actividad ilegal.
PEDIDO DE LA FISCALÍA
El requerimiento fiscal se basa en una extensa investigación que incluye inspecciones oculares, actas de constatación, declaraciones de testigos, informes técnicos y otros documentos. La fiscalía argumenta que existe evidencia suficiente para acusar a ambos funcionarios de coautoría no ejecutiva en los delitos de minería ilegal y complicidad en el delito de falsedad ideológica.
Por lo que solicita una pena de 11 años y 7 meses de prisión efectiva para Aguilar Rojas y Mallma Dávila, además de la disolución y liquidación de la empresa QVC Automation S.A.C., y la inhabilitación de los acusados para obtener concesiones mineras.
Adicionalmente, la Fiscalía solicita una reparación civil de 699,282.62 soles a favor del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales. Esta cifra considera el valor del material extraído, los costos de restauración del área afectada y la pérdida de servicios ecosistémicos. El caso está en proceso judicial y se espera la decisión del juez sobre el requerimiento de la fiscalía. La audiencia se llevará a cabo en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo.
