La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo solicitó ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo una pena de prisión para Benito Stany Aguilar Rojas, alcalde de San Jerónimo, y Rodolfo Huayta Enríquez, gerente municipal, por los delitos de nombramiento ilegal y omisión de actos funcionales.
La investigación, iniciada en 2023, se centra en la designación irregular de cuatro gerentes municipales que no cumplían con los requisitos legales de experiencia establecidos en la Ley N° 31419. Según la fiscalía, Aguilar Rojas y Huayta Enríquez nombraron a estos funcionarios a pesar de conocer que carecían del perfil profesional adecuado.
La Fiscalía acusa también a ambos funcionarios por omisión de actos funcionales al no responder a un informe de la Contraloría que denunciaba dichas irregularidades. Este informe, de fecha 31 de julio de 2023, señalaba cinco situaciones que afectaban la verificación de requisitos para el acceso y ejercicio de la función pública.
El requerimiento fiscal también solicita una multa de 45 días para cada uno por el delito de omisión. Por el nombramiento ilegal, la pena solicitada asciende a 80 días-multa.
Adicionalmente, se solicita una reparación civil de S/. 3,000 para la Contraloría General de la República y S/. 20,000 para la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
La Fiscalía sustentó sus acusaciones con el Informe de Visita de Control de la Contraloría, declaraciones de los imputados y de auditores gubernamentales, resoluciones de alcaldía, el Manual de Organización y Funciones de la municipalidad, y la Ley N° 31419.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento parcial para Elsa Lucinda Farge Gonzales (Jefa de Recursos Humanos) y Néstor Luis Flores Quinonez (Asesor Legal), argumentando que sus funciones no les atribuyen responsabilidad directa en los nombramientos ilegales.
