Por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, la Fiscalía Anticorrupción de Junín inició una investigación preliminar contra Rony Paolo Vejarano Pérez, Julio César Barraza Chirinos y Juan Carlos Ramos Domínguez, miembros de la comisión evaluadora de licitaciones del Gobierno Regional de Junín (GRJ), y contra Lucero Nicole Coca Condori, representante de la empresa LC & EC Constructora Consultora, por la presunta adjudicación irregular del Hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo.
La investigación surgió después que Infoandes.pe reveló que el Consorcio Hospital Arakaki, conformado por LC & EC Constructora Consultora obtuvo la buena pro del proyecto valorizado en más de S/ 207 millones, a pesar de su corta trayectoria empresarial y antecedentes de adjudicaciones cuestionadas en otras regiones. El “Consorcio Hospital Arakaki” obtuvo 98 puntos de 100 en la evaluación, asegurándose el contrato.
La Fiscalía considera que la investigación preliminar, con un plazo inicial de 120 días, permitirá determinar si hubo concertación entre los miembros de la comisión evaluadora y la empresaria. Se investigará si se manipularon los criterios de evaluación o se omitieron requisitos esenciales durante el proceso de adjudicación (AS N° 005-2025-GRJ/CS). Las posibles imputaciones incluyen los delitos de colusión (artículo 384° del Código Penal) y negociación incompatible (artículo 399° del Código Penal).
LA JOVEN SIN EXPERIENCIA
Desde las 10:30 de la mañana de ayer, efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Huancayo, junto a la fiscal adjunta del Cuarto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, Yeliv Ladera Solís, intervinieron el Gobierno Regional de Junín (GRJ) a fin de incautar documentos sobre la adjudicación millonaria de hospital de Satipo.
Lucero Coca, la joven empresaria que ha acumulado contratos por más de S/ 500 millones en obras públicas a pesar de su corta edad y aparente falta de experiencia, intentó replicar su estrategia en la licitación para la construcción del Estadio Miguel Grau de Piura. Coca Condori y su madre, Beatriz Condori Cárdenas, a través de sus respectivas empresas, participaron en el proceso, presentando una serie de observaciones que buscaban modificar las bases de la licitación a su favor.
La empresa de Coca Condori, LC & EC Constructora Consultora y Servicios SAC, solicitó la eliminación de la presentación de una carta fianza para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, proponiendo en su lugar la retención del 10% de las valorizaciones. Esta estrategia, permitiría a la empresa evitar el desembolso de una considerable suma de dinero. A su vez, también buscaron modificar los requisitos de experiencia para participar en el consorcio, intentando reducir el porcentaje mínimo de participación de la empresa con experiencia acreditada, tal como lo habrían hecho en proyectos en La Libertad y Junín.
Otras observaciones incluyeron la reducción del tiempo de experiencia requerida para el residente de obra, la inclusión de la experiencia en construcción de hospitales y clínicas como requisito válido y la administración de los adelantos de obra mediante un fideicomiso, en lugar de un fondo de garantía. Finalmente, se solicitó la posibilidad de subcontratar hasta el 40% del contrato original.
OSCE SE PRONUNCIÓ
Ante las controversiales observaciones, el Organismo Especializado para las Contrataciones Eficientes del Estado (OECE) intervino en dos ocasiones. En abril, recomendó la nulidad del proceso y su retrotracción a la etapa de absolución de consultas. En mayo, mediante el pronunciamiento N° 066-2025 el OSCE acogió algunas observaciones, como la publicación de la fórmula polinómica del equipamiento y mobiliario, pero desestimó la solicitud relacionada con el fideicomiso.
Aunque el Gobierno Regional de Piura, bajo la gestión de Luis Neyra León, inició un nuevo proceso con las modificaciones sugeridas por el OECE, la empresa de Coca Condori no resultó ganadora en esta ocasión. Este hecho, sin embargo, no minimiza la preocupación que genera la estrategia sistemática empleada por la joven empresaria y su familia para obtener contratos millonarios en diversas regiones del país.
