A pesar de los años de lucha, el Poder Judicial, falló a favor de la empresa minera Chinalco Perú SA que trabaja en esta zona y ha ordenado el desalojo de las familias.
El fallo representa, según Carlos Castro, una vulneración a la Ley de reasentamiento poblacional para zonas de alto riesgo que habla de un reasentamiento voluntario, más no de un desalojo o despojo como el que se pretende realizar.
Aunque Perú no conozca la existencia de un pueblo que sobrevive a los pies de una minera de cobre. Con una bandera en brazos Elvis Atachagua Ursua uno de los últimos habitantes de Morococha sale de su pequeña casita sitiada y me dice: Vamos a izar la bandera.
Para llegar hasta el asta, caminamos encima de escombros hacia un área despejada al costado de una casa techada con calaminas oxidadas que antaño fue un local comunal. Ahí, luchando con el viento, la bandera peruana flamea.
A unos metros del lugar, de entre las casas destruidas y basura acumulada, sale un perro que ladra amenazante. Detrás de él, otros tres perros toman un descanso, entre estos un cachorro blanco al que se le notan con claridad las costillas. Son los perros de las familias que se fueron de Morococha y que ahora son alimentados por las trece familias que permanecen en el lugar.
En este territorio a más 4500 msnm la empresa minera Chinalco Perú SA de propiedad de Aluminum Corporation of China realiza la explotación de cobre, molibdeno y otros minerales a tajo abierto desde hace 13 años, luego de un reasentamiento inconcluso de la población de Morococha al sector de Carhuacoto o la exhacienda Pucará, conocida ahora como la “Nueva Morococha”.
Elvis, lleva 13 de sus 46 años en una ciudad devastada exigiendo un reasentamiento digno que implica para él, al igual que sus vecinos, el acceso a un trabajo digno, capacitaciones y educación, cosa que no encuentra en la Nueva Morococha, donde aunque se construyeron 1400 viviendas con juegos para niños y un estadio grande, esta luce casi vacía, y asegura, sin movimiento económico.
Mientras tanto en Morococha solo algunas viviendas están en pie, no hay agua potable ni luz, el servicio fue cortado definitivamente en noviembre de 2019. Los habitantes como Elvis Atachagua tienen que comprar velas o cargar sus baterías para sus celulares y mantenerse comunicados.
Justo este último 31 de julio la empresa notificó a los habitantes de Morococha la resolución del Juzgado Mixto de La Oroya que ordenaba el desalojo anticipado de las familias. Desprotegidos en medio de una tierra hecha ruinas, tuvieron que viajar hasta la provincia de Huancayo en busca de ayuda.
Así, el 8 de agosto de este año con apoyo del abogado Carlos Castro, las familias de Morococha presentaron un recurso de oposición ante el Poder Judicial contra la medida cautelar que ordena su desalojo. El argumento principal utilizado por la defensa es que en la zona donde se pretende desalojar no se puede ejercer derechos posesorios al ser declarada una zona de riesgo no mitigable, en la que no hay posibilidad de interponer acciones civiles, constitucionales o judiciales de posesión.
Sin embargo, este 16 de setiembre se conoció que el Poder Judicial falló a favor de la empresa minera Chinalco Perú SA; es decir, ordenó el desalojo forzado de los habitantes de Morococha con plazo máximo hasta el 19 de este mes, por lo que Red Muqui, organización que apoya a los no reasentados convocó a una conferencia de prensa con carácter de urgencia.
Para el abogado Carlos Castro, al tomar esta decisión, el Poder Judicial estaría yendo contra la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable, una situación anómala. “[La norma] no habla de despojo o desalojo, habla de reubicación o reasentamiento definitivo a una zona segura” dijo en entrevista para Servindi.
“Lo que sucede en la antigua Morococha es que se les ha estado hostilizando, habida cuenta que se ha destruido el ornato urbano, los accesos, la luz, es decir, ha precarizado totalmente la vida de estas personas para que ellos se sientan forzados a torcer su voluntad y reasentarse. Esto no califica como un reasentamiento voluntario y genera un antecedente pernicioso en el país” precisó la defensa de los pobladores no reasentados.
Además, el fallo del Poder Judicial, pone incluso en riesgo la vida de las familias no reasentadas, teniendo en consideración que viven a más de 4500 msnm y al dejarlos en la intemperie bajo las inclemencias del frío despojándolos de sus territorios ellos enfrentarían vulneración a los derechos humanos y a una vida digna y en paz.
En 2018 el entonces presidente Martín Vizcarra anunció la ampliación del proyecto minero Toromocho, por lo cual Chinalco Perú SA empezó a adquirir proyectos mineros adyacentes para expandir su extracción de cobre de 140 mil toneladas de mineral a 170 mil toneladas diarias, según ProInversión.
Desde entonces los temblores en Morococha son más frecuentes, especialmente entre las 11 y 12 de la mañana cada dos o tres días por semana, cuando la empresa realiza voladuras y miles de fragmentos salen dispersados por el aire. Y, aunque el remesón de la tierra podría traer abajo las casas de adobe, Elvis al igual que Marisol Caro Salazar y sus otros vecinos, prefieren quedarse dentro para no respirar la polvareda.
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Cada mañana, Marisol Caro Salazar, busca aplacar el ruido de las maquinarias mineras y el temor a las voladuras con un rezo, en él pide por su hijo, por ella, para enfrentar el miedo que tiene de que, en algún momento, cuando menos lo espere, la desalojen de su casa y no pueda volver más. Vive en lo que queda de una avenida donde las casas contiguas ya fueron derribadas, ahí cría a un grupo de cerdos y a un gato que tiene el pelo erizado.
“Psicológicamente me ha enfermado bastante. Te cercan [la empresa minera], a propósito vienen a trabajar aquí las máquinas grandes, como si quisieran decir: ya te vamos a aplastar. A veces vienen los policías, así te enferman psicológicamente, te pones mal”, cuenta Caro Salazar.
Cada vez que una familia de Morococha desiste de su lucha y abandona su casa, las maquinarias de la empresa pasan por donde antes fue su hogar para destruirlo, pero no siempre dejan todo en ruinas, en las paredes que se resisten a caer permanecen por ejemplo dibujos hechos por niños o figuritas que niños –que ya no están, pero existieron– coleccionaban.
A la ciudad de Morococha parecen haberla vendado de sus múltiples heridas o cercado para disimular la existencia de sus últimos habitantes. Las calles están rodeadas de costales blancos que superan aproximadamente los dos metros de altura. Desde este punto desfavorable las familias no pueden ver lo que hace la minera, pero la minera si puede observarlos desde lo alto.
A veces, mientras toman el sol o comparten una charla, unidades vehiculares con personal de la empresa se pasean por los alrededores, dejándoles en claro su presencia. “Parece que nos vigilan cuando traemos a nuestra familia, cuando estamos sentados nos miran desde la salida o desde un punto alto, así es casi siempre”, nos cuenta Elvis Atachagua ya acostumbrado a las batallas diarias contra la minera, una contrincante que lo supera en poder, aliados y a veces en estrategias.
Máxima Acuña, solo hay una —le dijeron una vez los de la minera a mi vecina —, recuerda Elvis. —Ellos piensan que nosotros no sabemos quién es Máxima Acuña, pero yo si lo sé —me dice, cuando le pregunto cómo ha sido lidiar tantos años contra una gigante extranjera que parece tener todas las de ganar.
A inicios del reasentamiento los pobladores de Morococha pidieron a la empresa minera Chinalco Perú SA, la suscripción de un convenio marco en donde se establezcan acuerdos claros con tiempos establecidos para el cumplimiento de beneficios a favor de la población, sin embargo, este acuerdo no fue firmado hasta la actualidad.
“En el caso de Morococha no han suscrito hasta el momento el convenio marco que no es otra cosa que la plasmación de los compromisos objetivos, los que se obligaría a cumplir la minera y con términos de medición efectividad y resultados; mientras eso no suceda están en una mesa de diálogo y ya vienen dialogando 13 años” explica el abogado Carlos Castro, pero añade que en el Perú no existe mecanismos para exigir el cumplimiento de este.
Los gobiernos locales y regionales no están exentos de la obligación de proteger y resguardar los derechos de la población de Morococha y la responsabilidad de lo que pueda sucederles actualmente. Sin embargo, según la versión de Elvis Atachagua ni las municipalidades ni el Gobierno Regional de Junín han respaldado el reasentamiento digno que solicitan.
Escribo sobre Morococha en un lugar donde hay agua y luz, pero pienso en que quizá en estos momentos, Elvis con su celular en mano, coordina con sus vecinos y pide la ayuda que escasamente le llega para enfrentar el anunciado desalojo. No es la única batalla que libra, también tiene a un padre con cáncer que atender en Huancayo.
Pienso en Marisol, en su deseo de que su hijo sea profesional y pueda desarrollar las capacidades necesarias para tener un trabajo que a ella le negaron, la imagino rezando como lo hace todas las mañanas, pidiendo que no la desalojen de su vivienda o alimentando a su gatito erizado, que quizá volvió a escapar por el ruido de las voladuras.
Recuerdo también al cachorro blanco que se queda junto a los otros canes que seguro no tendrán a donde ir ni qué comer. Entonces me pregunto si realmente el país sabe de la existencia de un pueblo que sobrevive a los pies de una mina, donde el cobre vale más que sus derechos.
Una crónica de Yoselin Alfaro para la agencia de noticias Servindi.
