Pese a que se han identificado graves vulneraciones al contrato N° 96-2024 para la construcción de la nueva infraestructura del colegio Politécnico Regional del Centro, el Gobierno Regional de Junín, que dirige Zósimo Cárdenas Muje, no resuelve el contrato firmado con el consorcio Yachay Wasi, incluso luego de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) confirmó que la carta fianza presentada no tiene respaldo financiero, poniendo en peligro la continuidad de la obra.
Tal como lo confirmó Infoandes.pe, la carta fianza entregada por el consorcio conformado por las empresas KYZORCH E.I.R.L., M & A Center Winners E.I.R.L. y ERCONST E.I.R.L., por el monto de S/ 14,962,822.00, habría vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado al no cumplir con los requisitos legales establecidos.
Según el informe oficial N° 48350-2025-SBS emitido el 9 de setiembre pasado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo Trujillo LTDA 104, emisora de la carta fianza N° BD-0073-A-2024-CACSL, no cuenta con la autorización necesaria para emitir garantías en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, la entidad cooperativa no posee clasificación de riesgo B o superior, requisito indispensable para este tipo de operaciones.
El documento revela que el monto de la carta fianza excedió significativamente el límite operativo de la cooperativa para un socio, que está fijado en S/ 286,263.70 basado en su patrimonio efectivo. Esta situación representa una diferencia abismal con los casi S/ 15 millones comprometidos en la garantía. La SBS también detectó que la carta fianza fue suscrita por un solo funcionario, contraviniendo las normas internas que exigen dos firmas para este tipo de documentos.
RESOLUCIÓN AUTOMÁTICA
La presentación de esta documentación inexacta constituye una vulneración directa de la cláusula anticorrupción establecida en el contrato N° 96-2024/GRJ/ORAF, específicamente la cláusula décimo octava. Esta situación otorga a la entidad estatal el derecho de resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, según lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por vulneración del principio de integridad.
Los funcionarios del Gobierno Regional de Junín también habrían incurrido en responsabilidades al aceptar una garantía que no cumplía con los lineamientos establecidos en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. Esta normativa establece claramente que los funcionarios no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas, incluyendo la verificación de que la clasificadora de riesgo se encuentre listada en el portal web de la SBS y que la clasificación de la empresa emisora esté vigente.
Como consecuencia de estas irregularidades, la entidad regional debería comunicar formalmente la situación al Tribunal de Contrataciones Públicas (antes Tribunal de Contrataciones del Estado) para que evalúe el inicio de un procedimiento sancionador contra el consorcio Yachay Wasi.
Este proceso podría resultar en la imposición de sanciones administrativas a los integrantes del consorcio, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, por haber presentado documentación con información inexacta en un proceso de contratación pública.
