El Gobierno Regional de Junín (GRJ), bajo la gestión de Zósimo Cárdenas, continúa adelante con el contrato de S/207.091 millones para el Hospital de Satipo, firmado con la estudiante Lucero Nicole Coca Condori, de 23 años. Esta decisión contrasta con la acción inmediata tomada por los gobiernos regionales de La Libertad y Loreto, quienes anularon adjudicaciones millonarias a la misma empresa tras destaparse el escándalo de un presunto favorecimiento.
La obra del hospital de Satipo fue asignada al Consorcio Hospital Arakaki, liderado por LC & EC Constructora Consultora, cuya representante es Lucero Coca. Pese a que la compañía fue constituida en 2023 y carece de experiencia en ejecución de obras, obtuvo la buena pro en un proceso donde 11 postores fueron descalificados.
REGIONES ANULAN
Como se sabe, el Gobierno Regional de La Libertad, a cargo de César Acuña, anunció la nulidad de un contrato de S/121 millones para la carretera Huanchaco–Trujillo firmado con Lucero Coca. Esta medida se tomó tras informes periodísticos y observaciones de la Contraloría, que alertó sobre irregularidades y posibles conflictos de interés en la adjudicación de más de S/315 millones.
Por su parte, el Gobierno Regional de Loreto también canceló un contrato de S/22.415 millones para el Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias en Maynas. La anulación se sustentó en que LC & EC no cumplió con el requisito esencial de presentar la garantía de fiel cumplimiento, cuyo monto ascendía a S/2 millones.
No obstante, mientras las otras regiones revirtieron los procesos, el GRJ continúa con esta obra con la cuestionada empresa, pese a que la Fiscalía Anticorrupción intervino el GRJ para incautar documentos sobre la adjudicación del Hospital de Satipo. La investigación se lleva a cabo por presunta negociación incompatible y tráfico de influencias, bajo la carpeta fiscal N° 324-2025.
En la acción fiscal, se recabaron documentos que revelan el presunto conflicto de intereses en Junín: la madre de Lucero Coca, Esther Beatriz Condori, participó con su empresa en el mismo proceso. Este hecho infringiría el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225), pese a lo cual, la obra de S/207 millones sigue vigente.
