La Contraloría detectó que un equipo diseñado para evitar apagones en la región no puede operar por la falta de accesorios que nunca fueron incluidos en el contrato original.
El Órgano de Control Institucional advirtió deficiencias en la adquisición de una subestación móvil por parte de la empresa Electrocentro S.A.. Este importante equipo, adjudicado por S/ 8 639 895,00, ingresó a los almacenes de Huancayo el 7 de octubre de 2025. Su objetivo central era asegurar el servicio eléctrico en la región frente a emergencias por fallas prolongadas. Hoy, la millonaria inversión no cumple su finalidad operativa debido a deficiencias administrativas detectadas.
Sin embargo, la empresa estatal incumplió los plazos legales para la ejecución de las pruebas y la puesta en servicio. Según las bases vigentes, Electrocentro debía notificar la fecha de esta evaluación dentro del primer mes de entrega. Esta comunicación obligatoria se realizó de manera tardía, enviándose recién el 15 de diciembre de 2025. Este desfase temporal contraviene directamente los acuerdos firmados con el contratista ejecutor DIMATIC S.A.C..
El estancamiento técnico radica en que faltan tres terminaciones enchufables para celdas y cables de conexión indispensables para operar. La Contraloría constató in situ el 25 de mayo de 2026 que la subestación sigue inoperativa por estas ausencias materiales. Dichos accesorios fundamentales para el funcionamiento no fueron previstos en el expediente original del millonario proyecto eléctrico. Esta omisión en la planificación logística ha paralizado por completo la etapa de pruebas finales con carga.
Para intentar solucionar esta falta de equipos, la gerencia ha propuesto tramitar un urgente adicional de contrato. Esta inoperatividad expone a la entidad a severas contingencias legales, administrativas y económicas que perjudican los intereses de la empresa. El informe de control ya fue notificado formalmente al actual Presidente del Directorio de Electrocentro. Las autoridades responsables tienen ahora un plazo máximo de cinco días hábiles para reportar sus acciones correctivas.