Según el Informe de orientación de oficio N° 039-2026, la Contraloría General de la República reveló que el Gobierno Regional de Junín (GRJ), bajo la gestión de Zósimo Cárdenas Muje, demoró en el empadronamiento de familias de las familias damnificadas tras el sismo de magnitud 5.1. del 18 de julio último registrado en las provincias de Huancayo y Chupaca, lo que generó el riesgo de una atención inoportuna a las poblaciones afectadas.
Mediante inspección realizada el 20 de julio de 2026, se constató que la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo no había efectuado el empadronamiento de familias afectadas, pese a que niños y adultos mayores venían pernoctando a la intemperie bajo temperaturas que oscilan entre los 0 °C y 4 °C, por el temor a la ocurrencia de nuevos incidentes sísmicos. La situación era similar en barrios de Nahuin, Santa Rosa y Calera, del anexo de Tinyari Chico del distrito de San Juan de Iscos.
Al advertirse que los gobiernos locales no contaban con la capacidad técnica y operativa suficiente para ejecutar oportunamente el empadronamiento, así como de los Formularios de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), el GRJ debía asistir a los gobiernos locales en el registro de damnificadas dentro de las 48 horas posteriores a la ocurrencia del sismo, sin embargo, hasta el 21 de julio, no cumplió con la ayuda técnica.
Falta de coordinación
El informe también detecta la falta de coordinación y apoyo a municipalidades distritales por parte del GRJ con el traslado de ayuda humanitaria hacia los distritos afectados, pese a que muchos de ellos ya tenían registro de damnificados.
Es el caso de la Municipalidad Distrital de Viques. Se pudo constatar que el 20 de julio de 2026, dicho municipio había cumplido con efectuar el empadronamiento y esperaba la ayuda con carpas por parte del GRJ, pero se les indicó que tenía que recogerlos en la provincia de Concepción, porque “no se contaba con movilidad para para el traslado”.
Al respecto, cabe precisar que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres establece entre sus principios la protección, bien común, eficiencia, sistemicidad, solidaridad social, entre otros, por lo que, resultaría pertinente brindar el apoyo a los gobiernos locales que no contaran con la movilidad, equipos y demás que garantice una adecuada atención a las poblaciones afectadas y damnificadas.