El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, inició investigación preliminar al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva y los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo (de Ica), Juan Carlos Mori Celis (Loreto), Ilich Fredy López Ureña (Junín), Jorge Luis Flores Ancachi (Puno), Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Áncash) y Elvis Hernán Vergara Mendoza (Ucayali) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal.
Sánchez tomó esta decisión luego de recibir dos informes, uno de la fiscal Karla Zecenarro y otro de la fiscal Luz Taquire, con las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López sobre presuntos ilícitos en Provías Descentralizado. Según López, el presidente, el exministro Silva y los seis congresistas antes mencionados habrían conformado una organización criminal para beneficiarse de contratos en Provías Descentralizado.
Los informes también incluyen al presidente Pedro Castillo, pero por el momento no será investigado en aplicación del artículo 117° de la Constitución Política del Estado, que prohíbe acusar a un presidente en ejercicio por presuntos de ilícitos en el desempeño del cargo.
La resolución de la Fiscalía de la Nación precisa que los hechos que se investigaran “están vinculados a la investigación por el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado”, en el que se habrían cometido hechos presuntamente irregulares “en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento a empresarios, entre otros”.
Al exministro Silva se le investiga como autor de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado. Mientras que los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Ilich López y Darwin Espinoza deberán responder por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
De acuerdo con Karelim López, ellos habrían intervenido para que las empresas chinas China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group se adjudiquen más de seis licitaciones de obras públicas.
Los congresistas se habrían reunido en Palacio de Gobierno con el exministro Silva y el presidente Castillo. En esas reuniones se habría acordado que los mencionados parlamentarios apoyen al Gobierno, y a cambio las empresas chinas que habrían financiado sus campañas políticas recibirían contratos de obras públicas.
Esto es lo que dijo Ilich López en su defensa:
