Crédito/Infoandes
En los últimos años las denuncias por violencia se han incrementado en la región Junín. Y mientras los casos no paran de crecer, los servicios en cuatro Centros de Emergencia Mujer (CEM) presentan una serie de deficiencias como la falta de profesionales, espacios adecuados para la atención de las víctimas y guías de autocuidado, que pone en riesgo de desprotección a nuevas agresiones.
Un informe de Visita de Contraloría, realizado entre el 7 y 9 de setiembre del 2026, evidenció estas carencias y deficiencias en los CEM de Huancayo (tanto en el regular y el de la comisaría), Jauja y de la comisaría de Sapallanga, donde tampoco existe un monitoreo de los casos registrados para su derivación a instituciones protectoras o requerimientos de entrevista única en la Cámara Gesell, a fin de evitar que las víctimas declaren una y otra vez ante la policía, la fiscalía y el poder judicial y que con el paso del tiempo termina exponiéndolas a retractaciones o presiones del entorno.
Menores sin protección
El hallazgo más preocupante aparece al revisar expedientes activos de niñas, niños y adolescentes atendidos en estos cuatro CEM, entre enero y julio de 2026, por hechos de violencia. En ninguno de los casos analizados se acreditó el cumplimiento completo del protocolo de protección.
En casos calificados como de riesgo severo no se encontró el Plan de Seguridad que debía elaborarse. El Plan de Atención Integral tampoco cuenta con la firma conjunta de psicología trabajo social y el área legal pese a que por norma debe construirse de manera interdisciplinaria. Y en varias fichas de menores nunca se solicitó la entrevista en la Cámara Gesell.
Hay un dato que llama especialmente la atención. De nueve expedientes con señales de desprotección familiar; entre ellos abandono, embarazo infantil, autolesiones y convivencia con el agresor, ninguno registró la derivación obligatoria a la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer. Entre esos casos figura el de una niña de 14 años que quedó embarazada tras un episodio de violencia sexual y cuyo propio informe social recomendaba la intervención de esa unidad sin que finalmente se concretara.
Tampoco los coordinadores de los cuatro centros acreditaron haber cumplido con las reuniones quincenales de seguimiento que exige la norma para revisar el avance de cada caso. Uno admitió que no cuenta con la contraseña del sistema para hacer ese seguimiento de forma virtual. Otro reconoció no tener la documentación de su antecesor en el cargo. Y solo uno logró mostrar actas de reuniones, aunque tampoco con la frecuencia que exige el protocolo.
Centros sin condiciones básicas
La Contraloría, también evidenció que los CEM de Huancayo, Jauja y de la comisaría de Huancayo y Sapallanga no han implementado espacios lúdicos con juguetes o materiales didácticos para acompañar a niñas, niños y adolescentes, mientras sus madres relatan hechos de violencia. Esta ausencia podría exponer a los menores a escuchar esos relatos, algo que contradice el principio de no revictimización que establece el protocolo del sector.
Tampoco existen cartillas de seguridad impresas para entregar a las víctimas con rutas de escape y contactos de emergencia, ni buzones de sugerencias visibles para calificar el servicio. Los centros dicen llevar sus registros de forma virtual, pero ninguno cuenta con un cuaderno físico de control de expedientes que permita respaldar la información cuando se atiende fuera del horario regular.
Esta situación deja datos sensibles, como diagnósticos psicológicos y direcciones de las víctimas, expuestos a accesos no autorizados. A esto se suma que el propio CEM aún conserva archivos físicos de casos anteriores a diciembre de 2025, fecha desde la cual el registro debería hacerse solo en el sistema digital SUMA.
CEM Jauja sin abogado
El CEM de Jauja no cuenta con abogado desde diciembre de 2025, desde entonces, las víctimas que acudieron a la institución no contaron con un adecuado acompañamiento legal para interponer una denuncia, solicitar medidas de protección ante el Juzgado de Familia y requerimiento de entrevista única en la Cámara Gesell, especialmente en casos de víctimas de violencia sexual.
La Contraloría revisó cinco expedientes que el CEM derivó al Ministerio de Justicia por la falta de un abogado y encontró fallas graves. En uno de ellos, una adolescente de 13 años calificada en riesgo severo quedó sin orientación legal después de que su madre firmara un documento donde decía que «no requería abogado por el momento». Nadie del CEM estuvo ahí para asesorarla.
En otro caso similar tampoco hay constancia de que se pidieran medidas de protección ni la prueba anticipada en Cámara Gesell. Para los auditores del órgano de control, coordinar con el Ministerio de Justicia no reemplaza tener un abogado dentro del propio CEM. Tampoco encontraron evidencia de que la falta del servicio legal se haya reportado formalmente a las instancias superiores, pese a que la coordinadora del centro asegura haberlo comunicado por WhatsApp.
La normativa exige que cada CEM opere con un equipo completo conformado por profesionales de psicología, trabajo social y derecho, sin embargo, en el CEM Jauja se encontraron dos trabajadoras sociales cuando solo prevé una plaza para ese perfil, lo que muestra que la distribución del personal tampoco responde a lo que exige la línea de producción del Programa.
Un problema que crece en la región
Estas fallas salen a la luz justo cuando la violencia contra la mujer sigue en aumento en Junín. Según cifras del propio programa Warmi Ñan, los Centros Emergencia Mujer de la región atendieron 4,748 casos de violencia entre enero y agosto de 2026, más que en los años anteriores. De ese total, más del 80% de las víctimas fueron mujeres y cerca de cuatro de cada diez tenía menos de 18 años.
En ese mismo periodo se registraron cinco casos de tentativa de feminicidio y cuatro feminicidios en la región, entre ellos el de la estudiante universitaria María Fernanda Jurado, asesinada en agosto por un suboficial de policía tras una discusión de celos en el distrito de Chilca, un indicador que la violencia extrema sigue golpeando a la región.
Huancayo concentra la mayor cantidad de denuncias de la región, con más de mil casos atendidos. Es justamente en esta provincia, junto con Jauja y Sapallanga, donde la Contraloría encontró los centros que hoy funcionan sin las condiciones mínimas para brindar una protección oportuna a las víctimas.