A raíz de la denuncia por presunto tráfico de influencias que realizó la Procuraduría Anticorrupción de Junín contra la jefa del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH), Adriana Tasa Catanzaro, el Concejo Provincial acordó conformar una comisión investigadora que se encargará de indagar sobre la comisión de este presunto ilícito.
Aunque la conformación de la comisión fue arduamente debatida por normas del Reglamento Interno del Concejo (RIC) que los regidores de oposición consideraban ambiguas, finalmente, el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, eligió a 5 regidores para entregar un informe en 60 días.
Según la denuncia presentada el 10 de marzo, Adriana Tasa registraba una cuenta de más de 50 mil soles por arbitrios e impuesto predial de un inmueble, sin embargo, tras presentar un reclamo, funcionarios subordinados de su entidad, permitieron la reducción del monto total en menos de 24 horas, logrando reducir su deuda en más de 11 mil soles.
PRESUNTO “BLINDAJE”
Durante el debate para evaluar la conformación de la comisión, el regidor que hizo la propuesta, Sabino Blancas Chávez, denunció una presunta intención de blindaje por parte de Dennys Cuba y los regidores oficialistas, pues el debate para someter a votación el pedido tardó casi una hora y media.
Basándose en las interpretaciones del RIC del secretario general de la MPH, el alcalde sostenía que la vía adecuada para solicitar una comisión era mediante una moción, pero Sabino Blancas junto a otros regidores, señalaban que la normativa precisaba que se podía realizar “a solicitud de un regidor o un grupo”, sin moción previa.
Finalmente, se sometió a votación y se concedió el pedido del regidor. La comisión quedó integrada por los regidores Elio Laureano, Rubén Vera, Yudith Vilcapoma, Betzabeth Fabián y Elmer Lifonzo, quienes tienen 60 días para presentar el resultado de su investigación.
PIDIÓ SANCIÓN
En la sesión, antes del debate por la nueva comisión, la jefa del SATH solicitó sanción contra el regidor Sabino Blancas por señalar en una sesión previa que los 50 mil soles que debía a su institución perjudicaban la cultura tributaria en la ciudadanía, pues según ella, dañaba “su imagen como funcionaria”.
Dicha solicitud fue derivada a la Comisión de Ética, pese a los cuestionamientos del regidor Blancas que demandaba que el Concejo vote para decidir si el pedido de la funcionaria procedía o no.
