El informe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Junín ha desatado una polémica tras revelar que funcionarios de la región aprobaron documentación sin validez legal en el proceso de selección de la Licitación Pública Nº 012-2023 para el “Mejoramiento y ampliación de la I.E.I N.º 30637 Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” en Pangoa, Satipo, donde se habrían aceptado documentos irregulares presentados por el Consorcio CECCHI.
En la Acción de Oficio Posterior N° 007-2025-OCI se detalla que el Consorcio CECCHI, integrado por varias empresas, sustentó su experiencia principalmente con documentación de la empresa Inversiones Dimica C.A.
Sin embargo, gran parte de esta documentación carecía de las apostillas y legalizaciones necesarias para tener validez legal en el Perú.
A pesar de estas irregularidades, el comité de selección, compuesto por altos funcionarios del Gobierno Regional, validó estos documentos, transgrediendo las normas.
La situación se agrava al considerar que, según el informe, solo tres declaraciones juradas contaban con apostilla, mientras que documentos cruciales como el contrato, presupuesto, especificaciones técnicas y actas de conformidad carecían de este requisito.
Esta omisión pone en duda la validez de la experiencia presentada por el consorcio y levanta sospechas sobre la transparencia del proceso de licitación.
Ante la gravedad de las acusaciones, el OCI solicitó al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, tomar acciones correctivas y preventivas.
Esta falta de colaboración ha dificultado las labores de control gubernamental.
Se adjunta el informe: INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 007-2025-OCI/5341-AOP
