Mientras en el Perú el conteo en el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) todavía no llega al 100%, el fujimorismo ya alista el contexto para tomar el control absoluto de las instituciones, a través de la persecución a jueces, fiscales y exfiscales.

Una de las primeras víctimas es el juez Richard Concepción Carhuancho, quien 2018 dictó 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori a pedido del fiscal José Domingo Pérez. Ahora, este juez ha sido suspendido por seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La razón detrás de la suspensión es que el magistrado incluyó a Nicanor Boluarte en una diapositiva de un curso y habría adelantado opinión, sobre la condición legal del investigado. La decisión fue planteada por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, pero no aprobada por unanimidad.

Otra de las víctimas es la exfiscal de la Nación y ahora decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, para quien el Congreso liderado por Fernando Rospigliosi promulgó el último 13 de junio la Ley 32645 que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, norma que en su disposición complementaria final establece que los inhabilitados para el ejercicio de la función pública no pueden ser parte de los colegios profesionales.

La Ley es un golpe directo a Delia Espinoza, inhabilitada dos veces por el Congreso, la primera en diciembre de 2025 y la segunda en mayo de 2026. ¿Su error? Haberse opuesto a entregar la Fiscalía de la Nación a Patricia Benavides y ganar una querella contra Fernando Rospigliosi, quien la acusó sin tener pruebas de tener vinculaciones e inclinaciones terroristas.

No se escapa de los tentáculos del fujimorismo, José Domingo Pérez, quien durante su desempeño como fiscal investigó durante varios años a la lideresa de Fuerza Popular e integrantes del partido por el caso Cócteles, en el que les atribuyó los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, entorno al financiamiento de la campaña 2011 y 2016.

Para José Domingo, el Congreso aprobó en su última sesión de pleno (11 y 12 de junio) el informe final elaborado por el congresista Alejandro Muñante que recomienda denunciarlo ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, encubrimiento personal, encubrimiento real, omisión de actos funcionales y usurpación de funciones.

El informe incluye también a Rafael Vela, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato; a María Álvarez, jueza que homologó el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht; a Jorge Ramírez, exprocurador ad hoc para el caso Lava Jato; a Silvana Carrión, exprocuradora ad hoc; a los exfiscales de la Nación Zoraida Ávalos (señalada por presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho, omisión de actos funcionales e encubrimiento real) y Pablo Sánchez. Así como al periodista Gustavo Gorriti.

La persecución también apunta hacia el juez José Chávez Támariz, a través de la instrumentalizada JNJ, quien le abrió una investigación preliminar disciplinaria que tiene origen en las denuncias administrativas presentadas por los congresistas Jorge Montoya Manrique y Fernando Rospigliosi Capurro, por inaplicar la Ley 32107 que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

Chávez Támariz hizo uso del control difuso para inaplicar dicha norma haciendo prevalecer el sistema de jurisprudencia internacional. Sin embargo, la JNJ inicia su investigación, según Legis.pe, indicando que los argumentos utilizados por el magistrado para inaplicar la norma podrían configurar un uso indebido del lenguaje judicial una afectación a la prudencia y respeto institucional que rigen la función jurisdiccional.

A la larga lista se suma, el magistrado Oswaldo Ordoñez quien no fue ratificado por la Junta Nacional de Justicia por supuestamente “no superar evaluación referida a su conducta”. La razón, haber afirmado durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que debido a ciertas leyes del Congreso actual se produjo un incremento exponencial de la delincuencia en el Perú.

“En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa el Poder Ejecutivo, sistemáticamente, viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público” dijo el magistrado Oswaldo Ordoñez.

Para el periodista César Hildebrant esta es una consecuencia de la captura de diversas instituciones por el fujimorismo como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.

“Es cierto que hay algunos jueces que se resisten, pero es cierto que la purga ha empezado y va a continuar, hasta que, como ha anunciado Fernando Rospigliosi, el fujimorismo barra con cualquier rebeldía en la adjudicatura, por lo pronto ya se deshicieron del correcto juez Oswaldo Ordoñez y del probo juez Richard Concepción Carhuancho así actúa el fujimorismo” dijo Hildebrandt en su podcast del último lunes.

Aunque desde meses atrás José Domingo Pérez y Delia Espinoza Valenzuela han advertido una secuencia de acciones que buscar perseguir su labor, la situación se torna particularmente preocupante en un panorama de inminente victoria presidencial de Keiko Fujimori.

Instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advierten el debilitamiento de la democracia, la independencia judicial y los mecanismos de protección de derechos humanos.