Con 71 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar por 10 años del ejercicio de la función pública a la fiscal suprema Delia Espinoza, la tarde de este miércoles, pese que un primer intento no alcanzó los votos necesarios.
Tras una reconsideración presentada por los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, este Congreso que tiene el 89% de rechazo de la población peruana -según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos- consiguió los votos para inhabilitarla, y así bloquear su retorno al cargo de Fiscal de la Nación.
La acusación a Espinoza radica en un supuesto desacato a la Ley 32130 que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos. Y que además habría emitido una resolución que contraviene directamente esta disposición.
Previo a la primera votación que solo alcanzó los 63 votos cuando requerían 68, Espinoza Valenzuela calificó la denuncia constitucional en su contra como “arbitraria” y que responde a diversas denuncias presentadas contra los actuales congresistas.
“Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar. Manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha”, señaló.
Es preciso recordar, que no es la primera vez que este Congreso inhabilita a una fiscal suprema. En junio del 2023 removió del cargo a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
El diario La República publicó los resultados de la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), correspondiente al mes de noviembre, el 89% de los peruanos rechaza la gestión del Congreso y 9 de cada 10 ciudadanos se muestra en contra de sus labores.
Si bien este rechazo se centra en Lima Metropolitana por la crisis de inseguridad que vive, la ciudadanía exige la derogatoria de las leyes “pro-crimen”, aprobadas por este Congreso, durante el 2024.