La difusión de una fotografía de la congresista y candidata al Senado por Renovación Popular, Milagros Jáuregui, posando junto a niñas víctimas de abuso sexual – algunas de ellas cargando a sus bebés – desató una ola de indignación por la exposición pública de las menores y el uso de sus imágenes para promover discursos antiderechos con fines políticos.

El hecho no ocurre en el vacío. Se da en un contexto electoral en el que candidatas como Jáuregui buscan obligar a niñas y adolescentes a continuar embarazos producto de la violencia sexual, restringiendo el acceso al aborto terapéutico incluso en casos extremos y de alto riesgo para las víctimas.

También se suma su impulso a una agenda antiderechos. Ha presentado al menos 30 proyectos de ley, seis ya aprobados, para prohibir que personas trans usen baños públicos según su identidad de género. Además, otorgar derechos al concebido para limitar el aborto terapéutico o eliminar el lenguaje inclusivo dentro de las instituciones públicas. Actualmente, Jáuregui es presidenta de la Comisión Mujer y Familia del Congreso.

Este escenario se ve reforzado con las propuestas de varios partidos políticos que buscan recortar la autonomía del Ministerio de la Mujer al plantear la fusión con otras carteras ministeriales. Entre estas agrupaciones se encuentran Alianza para el Progreso, cuyo candidato presidencial es César Acuña; Avanza País, con José Williams; Podemos Perú, con José Luna; y el APRA, con Enrique Valderrrama, entre otros.

La agenda no acaba allí. Una revisión de los 36 planes de gobierno, realizada por la Red Micaelas, muestra que varios candidatos incluyen iniciativas para retirar la Educación Sexual Integral (ESI) de los colegios o eliminar el enfoque de género de todas las políticas públicas. Medidas que este Congreso ya ha impulsado con el respaldo del Ejecutivo y que se busca consolidar de manera permanente desde las propuestas electorales.

¿Qué proponen?

Aunque no todos los partidos avanzan en la misma dirección. Al otro lado de la orilla, algunos planes de gobierno incluyen la eliminación de la brecha salarial, políticas para erradicar la violencia contra la mujer, la promoción de la paridad y, finalmente, la creación de un sistema nacional de cuidados que reconozca y redistribuya las tareas de cuidado.

A continuación, exponemos la cantidad de propuestas consignadas en los planes de gobierno de cada partido político en igualdad de género, la lucha contra la violencia a la mujer y los cuidados.

Igualdad de género

Las propuestas en este ámbito se enfocan en reducir la desigualdad en el acceso y la remuneración de los trabajos en función del género. De acuerdo con datos del INEI, la brecha salarial es del 25% a nivel nacional y no ha mostrado avances significados en las últimas décadas.

La mayoría de partidos también coincide en la necesidad de cerrar la brecha tecnológica, mediante becas, mentorías y programas de formación en ciencias e ingeniería dirigido a niñas y adolescentes.

Lucha contra la violencia

El diagnóstico común es el fracaso de los sistemas de protección a las víctimas de violencia.  Resaltan que los niveles de impunidad son superiores al 70%. Frente a ello, las propuestas incluyen la creación de juzgados y fiscalías especializadas, con atención permanente las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También destacan estrategias de «Cero agresores libres». Esta propuesta consiste en colocar pulseras de geolocalización a los agresores con medidas restrictivas. También ampliar la capacidad de los Hogares de Refugio Temporal para víctimas en riesgo extremo. Algunos partidos, sin embargo, proponen medidas extremas como la pena de muerte para feminicidas y violadores, lo que implicaría la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esta es una de las propuestas con mayor presencia en los planes de gobierno. En el Perú, las mujeres dedican tres veces más de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados, según estudios sobre el Uso del Tiempo del INEI.

Sistemas de Cuidados: El Estado como Corresponsable

La propuesta central es reconocer, profesionalizar y redistribuir la carga de cuidado. Para ello, se plantea integrar servicios dirigidos a la niñez, expandiendo programas como Cuna Más o Wawawasis, así como a personas adultas mayores y con discapacidad.

También, se propone otorgar subsidios a cuidadores reconocidos por el Estado y hacer reformas para igualar las licencias de paternidad, con el objetivo de que el cuidado sea una responsabilidad compartida entre el hogar, el Estado y el sector privado.