Familiares que conformaron la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Puno y la Asociación de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre en Ayacucho, exigieron a la Fiscalía de la Nación retractarse en su decisión de derivar los casos de las muertes de civiles en manifestaciones durante diciembre y enero a Lima, y pidieron “que se investigue en el lugar de los hechos”.
Tras el anuncio de la fiscal de la Nación de derivar los casos de muertes de civiles en protestas a Lima, bajo la investigación de un “grupo especializado” de fiscales, los familiares de las personas asesinadas en el país, mostraron su preocupación y rechazo, a lo que consideran una intención de retrasar las investigaciones y dejar impune la violación de derechos humanos.
Para Ruth Bárceda, parte de la Asociación de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre en Ayacucho, esta decisión fue tomada luego que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de esta jurisdicción iniciara el interrogatorio al personal militar involucrado en los casos de muertes de civiles en las manifestaciones desatadas en Huamanga.
Raúl Samillán, hermano del interno de Medicina, Marco Antonio Samillán, quien falleció socorriendo a heridos en Juliaca, dijo que la decisión fue tomada por la Fiscalía sin consultar la opinión de los familiares de las víctimas. “En lo que va de estos meses, los casos han pasado por cuatro fiscalías, sin resultados alentadores y preocupa que esto siga cambiando y no encontremos justicia”, lamentó.
Los familiares hicieron un llamado a la Fiscalía de la Nación para corregir este despropósito y a la Defensoría del Pueblo para intermediar y exhortar al Ministerio Público a reformular su decisión, pues muchos de los heridos y familiares de los asesinados viven a cientos de kilómetros de las ciudades donde se produjeron las masacres y se les será imposible llegar hasta Lima, afectando su derecho de acceso a la justicia.
El abogado Carlos Rivera, de Instituto de Defensa Legal, precisó que de los 10 fiscales a cargo del equipo especial que la Fiscalía de la Nación ha propuesto para investigar estos hechos, solo una de ellas es especializada en Derechos Humanos, lo que pone en riesgo la calidad del proceso. “Hemos escuchado a la fiscal Patricia Benavides, que señala que se va investigar rigurosamente, pero más allá del discurso se requiere ver resultados y avance de las investigaciones”, enfatizó el especialista.
Los representantes de ambas organizaciones indicaron que la represión dejó más de 300 heridos leves y de gravedad en Puno, y 150 en Ayacucho, que han visto truncados sus sueños y proyectos personales. Aclararon que muchos de ellos no participaban en las manifestaciones y que cuentan con pruebas suficientes para demostrar que sus afirmaciones son verdad.
