La mesa de diálogo donde se iba a dar informe sobre el proceso de reasentamiento poblacional de Morococha, alcances sobre la firma del convenio marco y la ampliación de la mesa de diálogo programada en Huancayo no se concretó. Esta nueva suspensión deja a las familias desalojadas en la incertidumbre, pues se desconoce si serán consideradas dentro del proceso de reasentamiento poblacional que la minera Chinalco emprendió desde 2012 para dar inicio al proyecto minero Toromocho.
Además, durante la gestión del expresidente José Jerí, a través del Ministerio de Energía y Minas, se promovió reuniones con autoridades y dirigentes de Nueva Morococha junto a la empresa Minera Chinalco Perú S.A. sin incluir a no reasentados, en los acuerdos para el convenio marco.
Es decir, en la aprobación de los términos de este convenio, el mismo que debía ser firmado antes del inicio de la operación del proyecto minero y no después, las familias no reasentadas no participaron, decidiendo así el futuro de Morococha sin la totalidad de sus habitantes.
Durante la audiencia sobre el convenio marco realizada por la Municipalidad Distrital de Morococha el 16 de febrero de este año, para dar alcances sobre los acuerdos de este, numerosos vecinos alertaron que no se les había informado oportunamente de los consensos.
“Sí pues, falta información, ¿pero esa es responsabilidad de quién?, uno del ciudadano para empezar, dos del ciudadano organizado que exige a sus líderes”, respondió el alcalde de Morococha, Roberto Cornelio Flores.
Respecto a las familias desalojadas, la autoridad distrital deslindó responsabilidad sobre la situación y dijo desconocer cuál será la decisión respecto a ellos. “Cuando hay una denuncia yo no puedo intervenir, no puedo entorpecer” dijo.
CHINALCO NO CONCLUYÓ REASENTAMIENTO
“Este reasentamiento era voluntario. Lamentablemente nosotros hemos quedado en el vacío, lo único que nos queda es tratar de buscar justicia, eso es lo que esperamos”, dijo Elvis Atachagua Ursúa, uno de los pobladores desalojados.
Las familias persistieron en quedarse en la Antigua Morococha y no ser reasentadas a la nueva ciudad conocida como Carhuacoto o Nueva Morococha al considerar que este espacio no cumplía con las condiciones de seguridad y calidad ambiental para vivir.
Sin embargo, tras años de lucha, en setiembre de 2025, cinco familias que permanecían en la Antigua Morococha fueron desalojadas de sus viviendas tras una orden de desalojo emitido por el juez de La Oroya, Jesús Santana Socualaya.
Esta orden devino en el inicio de una investigación preliminar contra el juez, que habría incurrido en el presunto delito de prevaricato, es decir, habría realizado un procedimiento contrario la Ley al emitir la resolución de desalojo anticipado contra los pobladores no reasentados.
Desde el desalojo, las familias no reasentadas viven en viviendas alquiladas o son alojadas por sus vecinos. Según declaraciones de los afectados, las pertenencias retiradas de sus viviendas aquel día tampoco han sido devueltas.