⁹Luego que Infoandes.pe alertara del presunto direccionamiento de plazas en la Procuraduría del Gobierno Regional de Junín (GRJ) para personal que ya laboraba en el área bajo órdenes de servicio, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Leticia Zúñiga, abrió investigación preliminar contra quienes resulten responsables del presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado (Gobierno Regional de Junín).
Esta medida adoptada por el Ministerio Público se extenderá por 120 días, tiempo en el que se recopilarán elementos de convicción. Por lo pronto, se ha dispuesto recabar las declaraciones de Criss Arteaga Angulo y de Ruth Gamboa Bermudo, a quienes, según fuentes de este medio se habrían favorecido, incluso, considerando en las bases del concurso CAS funciones que ya realizaban en la entidad y en la misma área.
El documento obtenido por Infondes.pe precisa también que el Ministerio Público ha solicitado el Manual de Organizaciones y Funciones, así como el Reglamento de Organización y Funciones del GRJ. Solicita también los contratos y/o resoluciones de vínculo laboral entre el GRJ y Arteaga Angulo y Gamboa Bermudo, durante el 2022 y 2023, precisando las actividades que realizaban.
Como se recuerda, Criss Paola Arteaga Angulo, es titulada en derecho desde febrero del año pasado y contrató con el GRJ para brindar servicios de asistencia técnica legal en asuntos penales (entre el 7 de febrero y 18 de abril de este año) por un total de 5 mil 800 soles, según el portal de Proveedores del Estado, tiempo antes a la convocatoria del concurso CAS.
Sin embargo, debido a múltiples indicios de irregularidades no solamente alertados por Contraloría, sino también por una comisión de Consejo Regional, presidida por Lucero Huamancaja, el proceso de contratación fue anulado. Esta medida no impidió que Criss Arteaga Angulo volviera a contratar con el GRJ y nuevamente con la Procuraduría, esta vez por de 3 mil soles por 20 días que iniciaron el 6 de junio.
Algo similar sucedió con Ruth Gamboa Bermudo, militante activa de Sierra y Selva, que registra contratos por la modalidad de órdenes de servicio por seguimiento de procesos judiciales por 5, 800 soles en la Procuraduría, donde nuevamente fue contratada por 3 mil soles por 20 días que data también del 6 de junio de este año.
